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Alerta fiscal

La AFA bajo la lupa: ARCA denuncia movimientos irregulares por más de $375 millones

La agencia de recaudación presentó una nueva denuncia ante la Justicia por presuntas salidas no documentadas de dinero. La investigación detectó pagos a proveedores sin respaldo económico y un patrón reiterado de irregularidades en las operaciones del organismo entre 2023 y 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Andrés Vázquez, presentó esta semana una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta comisión de un delito vinculado a salidas no documentadas de dinero y el uso de facturas apócrifas, según confirmaron fuentes judiciales.

La acusación surge a partir de tareas de fiscalización y análisis realizadas por ARCA, donde se detectaron movimientos de fondos de la AFA sin respaldo documental, una maniobra que podría haber ocultado el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.

El organismo puso a disposición de la Justicia todo el material probatorio, mientras avanza con acciones administrativas y judiciales dentro de sus competencias legales. De manera preliminar, el perjuicio fiscal estimado supera los 375 millones de pesos, cifra que podría aumentar conforme avance la investigación.

Cabe recordar que ARCA ya había presentado una denuncia anterior por posible evasión tributaria y previsional que involucraba más de 19 mil millones de pesos, ampliada con detalles y pruebas adicionales.

El expediente tramita en la Justicia federal y se originó tras una fiscalización integral de ARCA sobre las operaciones de la AFA entre marzo de 2023 y junio de 2025. La investigación administrativa derivó en resoluciones formales, la apertura de procedimientos determinativos de oficio y la notificación a la Justicia por la posible comisión de un delito penal tributario.

La fiscalización comenzó luego de alertas generadas por sistemas internos de análisis de riesgo, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA. Entre los hallazgos, se identificaron pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, empresas sin sustento económico real.

La investigación incluyó inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis bancarios, pedidos de información a entidades financieras y cruces con otras bases de datos fiscales. Se detectó un patrón reiterado: empresas que emitían facturas millonarias sin empleados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los servicios declarados.

Tras la fiscalización inicial, ARCA dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales por Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas e IVA, notificadas electrónicamente a la AFA a comienzos de 2026. La AFA rechazó las liquidaciones y se declaró en disconformidad, lo que derivó en un procedimiento determinativo de oficio.

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En paralelo, un segundo frente de investigación detectó nuevas facturas de proveedores distintos a los inicialmente fiscalizados, ampliando tanto el período bajo análisis como la cantidad de operaciones.

La cuantificación provisional de los ajustes fiscales es la siguiente:

Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas

  • 2025: Resoluciones administrativas: $4.647.841,21; cruces sistémicos: $165.414.140,05; total: $170.061.981,26

  • 2024: Resoluciones administrativas: $52.148.310,91; cruces sistémicos: $129.742.595,73; total: $181.890.906,64

  • 2023: Resoluciones administrativas: $22.934.217,46

IVA – 2023: Ajuste determinado: $1.160.350,80

En conjunto, el monto supera los $375 millones, sin incluir intereses ni posibles multas, y puede modificarse según avance el procedimiento.

Uno de los focos de la investigación es el análisis individual de los proveedores observados, muchos de los cuales presentan:

  • Domicilios inexistentes o incongruentes con la actividad declarada.

  • Falta de empleados o dotaciones mínimas incompatibles con el volumen facturado.

  • Ausencia de activos necesarios para prestar los servicios.

  • Movimientos bancarios atípicos, como retiros inmediatos o circuitos cerrados de dinero.

  • Socios o directivos involucrados en múltiples sociedades en la base de contribuyentes no confiables.

Las resoluciones y los informes técnicos detallan cada caso con actas de inspección, fotos, análisis bancarios y capacidad económica. En varios domicilios declarados, los inspectores no encontraron actividad comercial visible.

La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias, que aplica cuando los pagos carecen de respaldo en operaciones reales. Según ARCA, los pagos de la AFA a estos proveedores no pueden ser aceptados como gastos deducibles, lo que motivó los ajustes fiscales.

El expediente subraya el elemento subjetivo, es decir, la intención o conocimiento del contribuyente, y señala que, por el volumen de operaciones y la reiteración de proveedores, la AFA no podía desconocer la falta de sustento económico de las contrataciones.

Las actuaciones concluyen que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón reiterado durante varios ejercicios fiscales, reforzando la hipótesis de un esquema deliberado para reducir la carga tributaria mediante facturas sin respaldo real.

ARCA informó formalmente al juez interviniente, aportando resoluciones administrativas, informes técnicos y cuantificación preliminar del perjuicio fiscal, y solicitó continuar con medidas de prueba y nuevos requerimientos de información.

Actualmente, la causa se encuentra en instrucción, sin resolución judicial de fondo ni imputación penal formal, aunque los indicios podrían configurar un delito penal tributario según la normativa vigente. La investigación podría ampliarse si surgen nuevos proveedores, períodos o circuitos financieros bajo sospecha.

El caso se perfila como una de las investigaciones fiscales más relevantes de los últimos años, por el volumen económico y la complejidad del esquema, mientras la AFA continúa ejerciendo su derecho de defensa en todas las instancias administrativas y judiciales.

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