En medio de la pandemia por coronavirus, el Gobierno nacional anunció su intención de estatizar la agroexportadora Vicentin. Mediante una conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández confirmó que firmó un DNU que dispone la intervención de la cerealera y que mandará al Congreso una ley de expropiación para que el Estado nacional se haga cargo de la misma. Esta noticia generó opiniones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, y en San Juan no fue la excepción.
"Sabíamos todos que los grupos inversores estaban por comprarla por las deudas que tenían, capaz esto es lo que generó que el Gobierno tome intervención. Hay que esperar a ver los detalles del proyecto de ley para expropiarlo, ver de qué se trata para ser justos y equilibrados. Vicentín es una empresa que tiene un garrotero, que está en quiebra. Pero hay que ser prudente, leer bien el texto y la motivación que va a tener el proyecto. Muchos salen a oponerse sin haberlo leído, es de irresponsable", Mauricio Ibarra, referente político.
"El presidente ha tomado una decisión importante que ha respondido primero a la soberanía alimentaria y segundo a cuidar los puestos de trabajo, en un marco de pandemia y post pandemia. El presidente ha sabido el rol que debe jugar el Estado en esta situación de emergencia sanitaria", Daniela Castro, secretaría del Ministerio de Defensa.
"La secuencia de esta empresa, con el gobierno anterior y lo de ahora me duele y me genera impotencia. Hay tantas empresas pequeñas, pymes, tantos argentinos que necesitaban subsidios y ahora el Estado sale a hacerse cargo de la empresa. Si es con el objetivo de proteger el empleo, bienvenido sea. Pero del otro lado me genera sensaciones raras y de impotencia", Rodolfo Colombo, referente político de Actuar.
"Argentina debe prepararse para buen momento de la producción de granos. Antes que criticar el proyecto sería bueno discutir las razones de la expropiación. Las motivaciones son muy válidas. Más si coincidimos que es una decisión estratégica que favorece para lograr soberanía alimentaria que el país necesita", Florencia Peñaloza, diputada provincial por el PJ.
"Hay que ver el funcionamiento, quién va a pagar la deuda, quién le va a pagar a los acreedores. Eso yo todavía no lo sé. Es medio prematuro para ver el impacto que esto genera pero vamos a estar atentos. Me preocupa si esto se asemeja a lo que empezó a pasar en Venezuela. Porque acá se habla de los trabajadores, pero nadie habla de los acreedores. No me sorprende, el Estado siempre tiene que participar, pero hay que ver cómo se desarrolla y desenvuelve la situación. Si es por 60 días, qué va a pasar en esos 60 días", Gustavo Usin, diputado provincial por Juntos por el Cambio.
