Este lunes, el Gobierno nacional publicaría en el Boletín Oficial los cambios que implementará Mauricio Macri a la Ley de Migraciones. Así lo adelantó este domingo diario La Nación, citando a voceros de Presidencia que indicaron que el principal objetivo es acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. "Hasta ahora, los procesos duraban entre 6 y 7 años", aseguraron las fuentes.
1- El decreto, según las fuentes citadas por el medio porteño, comprende una "regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas".
En este punto, uno de los impedimentos para el ingreso y permanencia que establece el inciso C del artículo 29 de la ley actual es "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más".
Ahora, con la modificación, el inciso C se divide en dos. Por un lado, los delitos comunes, y en el otro inciso los delitos de tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos, lavado e inversiones ilícitas.
2- Asimismo, el decreto determinará que se entienda como antecedente penal "un auto de procesamiento firme, el cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable". Hast ahora, "el Poder Judicial no estaba informando sobre procesos judiciales abiertos a extranjeros. La idea es que, bajo conocimiento de estos procesos, se pueda iniciar un tràmite de expulsión".
3- En relación a acortar los plazos, se planteó que las mafias de trata de personas aprovechaban vericuetos legales para evitar los procedimientos de expulsión. "Por ejemplo, lograban obtener la ciudadanía para la persona ingresada ilegalmente, por medio de gestores. Con esto frenaban los trámites de expulsión: tenían suficiente margen de tiempo por las demoras del proceso", indicaron fuentes del Gobierno.
Entonces, el decreto incorpora también como causales de impedimento de ingreso al país omitir que se tiene antecedentes penales en el país de origen y tener antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, trafico de órganos (aunque no haya condena). Además, establece que "sólo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión".
4- Otro cambio que se incorpora, según el informe de La Nación, es que si un inmigrante pagó para que lo trajeran, a pesar de que esto infringe la ley, si colabora para dar con el traficante de personas, podrá pedir la residencia y evitar la expulsión.
5- Por el momento, el piso de prohibición de reingreso al país luego de una expulsión era de cinco años. Con los cambios que implementará Macri, será de ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.
6- Por último, las residencias que están en trámite deberán ajustarse a la normativa y cumplir con los nuevos requisitos. "Vamos a ser más exigentes, lo que por otra parte sólo es asimilar el sistema a lo que hacen otros países", indicaron fuentes del Gobierno nacional.
(Fuente: MDZ)
