El juez federal Miguel Ángel Galvez, dio una conferencia de prensa para despejar dudas sobre el escándalo con la construcción de barrios del IPV con fondos Nacionales.
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SUSCRIBITEEl juez federal Miguel Ángel Galvez, dio una conferencia de prensa para despejar dudas sobre el escándalo con la construcción de barrios del IPV con fondos Nacionales.
"Las irregularidades son por diferencias entre el precio de compra y venta de terrenos", explicó Galvez.
Es por eso que este miércoles efectivos de la Delegación San Juan de la Policía Federal acudieron a las oficinas del IPV en el Centro Cívico para llevarse documentación al respecto. En la investigación hay empresas constructoras involucradas.
"Las empresas aparentemente compraban en terreno y lo vendían luego.Lo que no tengo presente es si estas empresas a su vez construían los barrios o no. Todo es en el marco del programa Techo Digno", detalló el juez Federal.
Además, Galvez explicó que "varias de las empresas investigadas son sanjuaninas y otras nacionales", aunque no quiso dar más precisiones sobre el nombre de las mismas o la cantidad.
La investigación se originó por una presunta irregularidad detectada desde la Unidad de Información Financiera (UIF), creada en el 2000 por ley para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es un ente autárquico y autónomo que funciona en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.
Luego la UIF le dio intervención de la presunta irregularidad a la PROCELAC (Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Es un área especial del Ministerio Público Fiscal de la Nación que investiga desde lavado de activos y evasión hasta fraudes y delitos contra la administración pública.
"Es probable que con el devenir de las cosas se puedan tomar declaraciones a funcionarios pero por ahora no sé", dijo Galvez.
Miguel Galvez se encuentra subrogando al Leopoldo Rago Gallo quien se hará cargo de la investigación a partir de la semana que viene.
"Por ahora es apresurado hablar de sobreprecios o de lavado. El pedido de información también se podría extender a otras áreas del Gobierno", concluyó.
El secretario de Vivienda Vicente Marrelli volvió a negar que el operativo de policía Federal por pedido del juez Gálvez ayer en el IPV haya sido un allanamiento. "Nunca nos pidieron esta información. He escuchado muchas cosas sobre esto estos días, y no es así. Si nos hubieran pedido alguna vez y nos hubiéramos negado, entonces sí, se hace un allanamiento en subsidio, pero no es el caso”, afirmó en Radio Light.
"Esto fue una requisitoria, y gracias al buen trabajo de los empleados del IPV conseguimos solucionar el pedido en menos de dos horas, porque todo estaba perfectamente guardado y archivado, y no era sencillo a priori encontrar toda esta documentación”, recalcó Marrelli, que ayer había quedado a cargo del instituto porque su interventor, Martín Juncosa, estaba en Buenos Aires.
"Nadie, a mí no me consta, ha pedido antes ninguna documentación. Normalmente los oficios judiciales se entregan por mesa de entradas. La nota que teníamos, que nos presentó el oficial de Justicia, era este pedido con fecha 12 de octubre a las 12 horas”, aclaró.
"Es por lo que informamos ayer el programa Techo digno, que incluye, en este caso, 1500 o 1600 viviendas en Pocito, Rawson y Chimbas”, explicó.
El comunicado oficial emitido ayer, precisaba que los datos requeridos tenían que ver con "el fin que el Instituto Provincial de la vivienda proporcione los convenios suscriptos con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUyV) en los años 2013,2014 y 2015, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas "Techo Digno” del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios – Secretaría de Obras Públicas y de las respectivas rendiciones de cuentas, como así también los pliegos de las Licitaciones Públicas Nº 03/2014, 04/2014 y 13/2014 y de las Resoluciones Nº199-IPV-2015, 5466-IPV-2014, 977-IPV-2015, 420-IPV-2015,873-IPV-2015, 1146-IPV-2015,1696-IPV-2015, 1188-IPV-2015, 747-IPV-2015, 2945-IPV-2015,1911-IPV-2015,3392-IPV-2015 Y 1886-IPV-2015.”
"La operativa del programa era simple, la Nación mandaba un primer desembolso, se le mandaba la documentación, las facturas, y ahí venia el segundo desembolso. Nosotros trabajamos con precio tope, no puede haber problemas por ese lado; es más, hemos tenido críticas por fijar presupuestos bajos”, concluyó.
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