Camarazos en San Juan

Llegó al show business el chisporroteo entre dos viejos compañeros de fórmula: supieron hacer campaña juntos el intendente Albarracín y el diputado Soler hace bien poco, hasta que se encendió una mecha imparable que no hizo otra cosa que explotar. Posiblemente el camarazo contra el hermano del intendente haya sido otro episodio de ese fragor que no tiene más aroma que a disputa palaciega. Lo que sí, fue el más berreta de los dos capítulos de cámara oculta que sobrevolaron San Juan en apenas cinco días.

Lo de berreta es literal, además de demasiado pueblerino. Envalentonados por el envión Lázaro-Fariña e ilusionados en todo lo que puede despertar una cámara oculta comprometedora, un operador de vaya a saber quién se paró en una esquina a difundir las imágenes del hermano del intendente Albarracín contando dinero. Eso fue todo, pero a pesar de esa inconsistencia hubo muchos que mordieron el anzuelo: las pruebas de la coima, repitieron.

Y por más ilusiones que uno tenga por encontrarse a un funcionario corrupto contando dinero mal habido, no es éste el caso por lo que se vio. Sí sirvió para producir un efecto distinto, más a tono con la geografía nacional teñida de camarazos y toda una estructura mediática movilizada detrás: a Albarracín y a su hermano les cayó un camión atmosférico de escremento que seguramente nunca se sacarán de encima.

No debe interpretarse esto como una defensa del intendente en desgracia porque no lo es ni cerca, aún tratándose de un jefe comunal de lo más vidrioso, por tratarlo de un modo elegante. Sí es un llamado a la responsabilidad de un combo en el que interactúan las cortezas políticas y la de los medios, sólo como para no producir ninguna decepción posterior en el espectador que contempla ansioso cómo se decanta el episodio, esperando una resolución judicial a tono como semejante despliegue. O para no tomarlo de estúpido, quienes saben de antemano que en la profundidad o la liviandad de la prueba radica el éxito de la investigación.

No alcanza con las palabras santas –cámara oculta- para desentramar lo que alguien no quiere mostrar. Tampoco para permitir que un juez llegue al mismo lugar donde llega un telespectador por el milagro de una imagen. Hace falta que esa cámara esté producida de manera correcta, que sea contundente y que refleje en primer plano el producido de un acto ilícito, de esos que siempre se consuman por debajo de la mesa hasta que alguien tienen la valentía de descubrir, sea el método que sea.

Sí, es cierto que la legalidad corre por cuerda separada de los juicios mediáticos, y también es cierto que las imágenes de los medios suelen reemplazar a las patinadas de los jueces. Pero esos rodajes también deben tener su rigor.

En el caso de Ullum, rápidamente saltaron los titulares con la consumación de una coima, con el video del hermano contando plata como único elemento de prueba. El asunto es que el caballero aparece contando un fajo de dinero y punto. Pudo haber sido producto de una coima, como aseguraron sus denunciantes, producto de un sobreprecio en un contrato. Pero pudo también ser por, digamos, la compraventa de un terreno.

Para completar el operativo, los denunciantes hicieron después la denuncia ante el juez, que deberá comenzar de cero. Porque el video en cuestión sólo le señala a un magistrado como un indicio que ni siquiera podrá contar como una prueba, y si quiere seguir el hilo de este posible acto de corrupción tendrá que tirar del carretel como un loco.

Hicieron los denunciantes exactamente lo opuesto a lo que deberían haber hecho si hubieran pretendido tener éxito en la vía judicial: produjeron el evento mediático, taparon de excremento al intendente y luego hicieron una denuncia que seguramente será desechada por inconsistente. Un camino parecido a la cámara oculta del pibe Fariña, rodada por la producción de Lanata en un contexto extraño un año antes de ser montada en el prime time. La diferencia de este caso con el de Ullum es que Lanata es un periodista y no un juez, y tampoco –como en el departamento del lago- un empresario interesado en denunciar a la justicia un eventual ilícito.

Pablo Flores es el juez que recibió esta denuncia hueca y, cosas de la vida, el mismo que había producido cinco días antes un operativo ejemplar ante un caso parecido. Es el del funcionario del Ministerio de Gobierno que fue denunciado por un empresario por querer coimearlo, a quien le hicieron una cama legal, para decirlo en criollo. Que, al revés del rodaje casero de Ullum, tendrá suma utilidad para el desarrollo de la causa.

El dueño de la empresa denunció que el funcionario lo estaba coimeando y desde el mismo ministerio, Mauricio Soriano presentó la denuncia ante la fiscal de turno, que lo comunicó al juez Flores. Y Flores, un magistrado de la nueva camada, decidió que el “coimeado” le siguiera el juego al “coimero”, que lo citara en un bar y que le pagara lo que le pedía.

Lo que siguió ya se conoció la semana pasada: los billetes fueron marcados, la conversación fue grabada y ni siquiera los dueños del restaurant se dieron cuenta de lo que ocurría. Hasta que se descolgaron unos 20 policías de civil y dos móviles de traslado de detenidos justo enfrente del Centro Cívico, y a las casi 4 horas de comenzar la charla entre empresario y funcionario, éste último debió atravesar el salón comedor con las manos esposadas. Luego, el siguiente episodio fue en un barrio tranquilo, de donde se llevaron detenida a una contadora que presumiblemente trabajaba a dos puntas: en el ministerio y en la empresa.

Más allá de la espectacularidad y de la presunción de inocencia de los involucrados y detenidos, el valor debe estar puesto en la calidad del operativo de la cámara oculta, que no hace otra cosa que otorgarle validez legal. En este caso, el propio juez Flores podrá avanzar desde la prueba de lo que obtuvo con la cámara, en evidente contraste con el show de Ullum montado con prioridad para la televisión desprevenida y de juicios más livianos, y luego para la justicia que debe arreglárselas con las sobras.

Atención con las cámaras, porque están por todos lados. Tanto las que se esconden en las ropas como las que vigilan las calles depositadas por los municipios o los gobiernos provinciales, o las que montan las casas o las empresas para cuidarse por su propia cuenta, y que luego devienen vitales para alguna trama oscura. Como la de Angeles Rawson, una investigación que cambió el rumbo cuando una cámara callejera reveló que la joven había vuelto a su casa, y por ende no había sido violada en su casa.

Sólo hay que saber usarlas. Como el abogado que en 1995 filmó a un juez sanjuanino ofreciendo un trato extrajudicial, le presentó un jury en su contra y fue destituido. Hoy, Horacio Alday -ese abogado- está prófugo por el escándalo de las expropiaciones. Pero ese es otro tema.

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