El agujero negro del registro

Por Sebastián Saharrea

No es un panorama sencillo. Una provincia con un terremoto que barrió con todos los archivos. Con un registro de la propiedad que no logró acreditar la titularidad de la provincia en expropiaciones de los años 20 y los años 50. Con la hipótesis de que esas torpezas que generaron juicios millonarios se repitan. Y con un registro que aún no está digitalizado y que por esa razón impide la adhesión de San Juan al registro nacional para que se aplique la flamante Ley de Tierras. Y si se prende fuego el registro, ¿quién sabe qué cosa es de cada quién?
La incertidumbre flota entre los interesados por el patrimonio público para evitar que ocurra nuevamente lo que ya ocurrió con al menos dos casos del escándalo de las expropiaciones: “Ruiz, Guillermo” y “Lobbe de Morón”. En ambos, se trató de dos procesos expropiatorios de hace largas décadas que fueron desempolvados en los últimos años por el abogado Santiago Graffigna, aprovechando que ningún registro pudo acreditar que la provincia pagó a sus dueños originales aquellas expropiaciones.
Si no lo hizo en la ocasión en que se debió hacer, se trata de una seria irregularidad por la que ahora se paga intereses. Pero cabe la posibilidad de que sí lo haya hecho y el pésimo estado de la documentación –más allá de alguna eventual maniobra dolosa de “desaparición” de esa documentación- hizo que resultara imposible acreditar que la provincia hiciera aquellos pagos. Y por eso, ahora estaría obligada a volver a pagar, y con la carga adicional de pesados intereses que pueden hacer quebrar las cuentas públicas.
Con semejantes antecedentes, hay motivos para desvelarse. La pregunta es: ¿qué ocurriría si sucede una pretensión igual, en lugar de por el Parque de Mayo, por ejemplo en la Plaza 25? La respuesta es que la provincia no está en condiciones de acreditar haber realizado las inscripciones a su nombre en todos los espacios públicos. Tampoco está en condiciones de acreditar de que todas las expropiaciones realizadas para plazas, calles, escuelas, hayan sido completadas. Por “completadas” se entiende pagadas.
Y por lo tanto, está latente la posibilidad de que ocurran episodios similares a los que ya se presentaron y merecieron condenas de pago millonarias. Si la esquina de Matías Zaballa y San José fue motivo de una expropiación para ensanchar la calle no pagada ni incorporada al registro, es de simple deducción que no sólo se expropió en esa ocasión la esquina sino toda la franja de la calle, lo que abarca a otras propiedades. También se deduce que si la esquina no se pagó, tampoco se deberían haber pagados las otras expropiaciones linderas.
Lo mismo ocurre con el Parque de Mayo. Porque la fracción de los $1.500 millones es apenas una parte minoritaria. ¿Y la otra superficie?, ¿tampoco se pagó?, ¿y de quién era? Es posible hacer la siguiente deducción: si 70 años después cayó una demanda por un pedazo del parque, ¿no puede caer otra demanda por el otro pedazo? ¿No estarían todas las porciones en las mismas condiciones de fallas registrales?
A esos casos, el abogado Santiago Graffigna accedió “investigando” y buscando información para encuadrar la situación de cada espacio y luego decidir sus acciones. Y así como pudo él o cualquier otro abogado encontrar esas fallas en los registros, también podría encontrar otras. En ese sentido, sería preferible que los abogados expropiadores de la provincia no siguieran “investigando”.
Todos esos interrogantes inquietan a los abogados encargados de reconstruir el rompecabezas. Pero no parece generar demasiada inquietud en el Registro de la Propiedad Inmueble. Allí, la directora Lorenzatti está de licencia en toda la semana y se reemplazante, de apellido Pascual, no atendió a las consultas. El registro depende directamente de la Corte, donde tampoco hubo ninguna explicación sobre el agujero negro que se produce por la falta de datos información.
Esta semana también se conoció que la provincia se demora en la digitalización de toda su documentación y ese es un impedimento para que San Juan se sume a la aplicación de la Ley de Tierras, recientemente sancionada. El motivo es que no se puede conocer cuáles son las propiedades en manos extranjeras, y mucho menos apelar a un mecanismo de consulta rápida como un soporte digital.
Lo que se dice, expuestos a que aparezcan nuevos dueños para una plaza y haya que pagar por ella.

Los casos más asombrosos
1-
Expediente: “Ruiz, Guillermo”
Ubicación: Esquina de Matías Zaballa y San José
Superficie: 1.400 metros cuadrados
Expropiado en: 1952 para el ensanche de las calles.
Valor: Se pagaron aproximadamente $25 millones por los intereses a 1952
Qué dijo el registro: Se ofició a todos los registros y no se verificó inscripción a nombre de la provincia. Tampoco hubo constancia de que se hubiera pagado la expropiación.

2-
Expediente: “Lobbe de Morón”
Ubicación: Parque de Mayo, entre Urquiza, 25 de Mayo y Félix Aguilar.
Superficie: 5,5 hectáreas
Expropiado en: 1923 para destinarlo al Parque de Mayo (donde están los estadios cerrado y abierto)
Valor: $1.500 millones, por los intereses hasta 1923. No se pagó porque está apelado en la Cámara.

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El agujero negro del registro

Hay una pregunta inquietante: ¿qué pasa si cae un paracaidista y dice que es dueño de la Plaza 25 de Mayo?, ¿la provincia puede demostrar que es suya? Nadie responde. Y ya hubo casos tan absurdos como ese. Por Sebastián Saharrea.

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