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SUSCRIBITESe trata de Adrián Campillay, quien se suma a la pesquisa por la presunta mala praxis que derivó en el fallecimiento de María Carmen Vila, de 79 años. La fiscalía sostiene que una serie de errores médicos en el tratamiento de la mujer agravaron su condición, mientras los imputados defienden su accionar.
Un nuevo giro en el caso de la muerte de María del Carmen Vila, una mujer de 79 años que residía en un geriátrico de San Juan, puso el foco en otro médico. Adrián Campillay, quien trabajaba en el servicio de emergencias médicas (AME) al momento del trágico suceso, es ahora parte de la indagatoria que lleva adelante el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia.
Campillay se suma a Fabián Roberto Kleiman, director del geriátrico “Cielo de París”, quien fue el primer médico investigado. Vila, que había ingresado al establecimiento en octubre de 2022 con una serie de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas intestinales, requería una atención especial, la cual, según la fiscalía, no fue proporcionada de manera adecuada en los momentos cruciales.
El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2023, cuando la paciente falleció tras complicaciones en su salud que, según la fiscalía, habrían sido agravadas por una atención médica inadecuada. El día anterior -18 de diciembre-, la mujer comenzó a mostrar signos de descompensación, pero no fue hasta el día siguiente que se solicitó asistencia médica.
A pesar de sus síntomas graves, como dolores abdominales y dificultad para respirar, solo se le administró un enema y se demoró la atención de emergencias. No fue sino hasta las 17:24 del 19 de diciembre cuando Campillay, al mando de la ambulancia, llegó al lugar, pero optó por no trasladarla a un centro de mayor complejidad, a pesar de su condición crítica.
Según la fiscalía, Kleiman, en su rol de director del geriátrico, debió haber tomado la decisión de derivar a Vila a un hospital antes de que su estado se agravara. Los abogados de ambos médicos, sin embargo, rechazan las acusaciones y sostienen que actuaron conforme a sus responsabilidades. El juez Matías Parrón concedió un plazo de un año para avanzar con la investigación, mientras los imputados permanecen libres, pero con restricciones para salir de la provincia o del país sin autorización judicial.