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Seguirá en libertad

La instructora acusada de lesionar a una aspirante del Servicio Penitenciario se defendió

La mujer que fue denunciada por obligar a hacer ejercicios a una joven en medio de un ataque de asma fue imputada por lesiones leves culposas y, lejos de guardar silencio, aprovechó para dar su versión de los hechos.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Después de quedar en el ojo de la tormenta, la instructora del Servicio Penitenciario que fue denunciada por obligar a hacer ejercicios a una joven aspirante en medio de un ataque de asma fue imputada por lesiones leves culposas y, en la audiencia frente al juez de Garantías, se defendió de la acusación.

El fiscal Nicolás Schiattino apuntó contra Claudia Brizuela, quien aprovechó su momento para dar su versión de los hechos y asegurar que nunca tuvo intención de dañar a Milagros Cortéz, la muchacha que terminó internada en Terapia Intensiva a causa de las exigencias de la autoridad.

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Frente al juez Federico Rodríguez, la mujer que trabaja como instructora del SPP desde el 2017 manifestó que desconocía cuál era el cuadro de salud de la muchacha que presentó problemas en sus pulmones y por ello debió ser asistida en el área de cuidados intensivos. Explicó que la novedad que había presentado la presunta víctima antes de iniciar los entrenamientos, en la que decía que tenía la salud comprometida, no llegó a sus manos.

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"Nosotros los instructores estamos para formar, para construir, no destruir. Si hubiese sabido que esta niña tenía una novedad, en ningún momento la hubiese incluido en una actividad física porque no me sirve de nada tener que lastimar a alguien", argumentó y siguió: "Estamos para apoyarlos a ellos (a los aspirantes), para protegerlos y enseñarles, ya que están muy cerca de ser penitenciarios".

Con esos fundamentos, Brizuela, que estuvo representada por la Defensoría Oficial, recibió la calificación en la causa que se extenderá por los próximos 8 meses de Investigación Penal Preparatoria. Como consecuencia, la acusada quedó en libertad aunque el magistrado Rodríguez le fijó medidas para evitar el entorpecimiento de la instrucción.

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Además de endilgarle la figura provista en el artículo 94 del Código Penal, le prohibió acercarse a la denunciante. Brizuela afronta un delito que prevé 1 a 4 años de inhabilitación, como así también 1 mes a 3 años de prisión, por lo que en caso de resultar condenada, cumpliría la sentencia en libertad.

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