Luego de haber encarnado un escándalo con sus compañeras de la facultad, que lo denunciaron por compartir sus fotos en una página porno, y después de quedar al descubierto por la Justicia por tenencia de pornografía infantil, el imputado admitió el delito que lo llevó tras las cuerdas y este jueves por la mañana fue condenado a 3 años de prisión condicional.
Es por eso que Mario Leandro Pérez González purgará pena en libertad, tras el acuerdo al que arribó su defensa con las fiscalía. El fiscal Eduardo Gallastegui investigó la denuncia que ingresó a ANIVI, por medio de un reporte que alertaba el contenido prohibido que el imputado compartía, y concluyó con la acusación contra el sospechoso por tenencia y distribución de pornografía infantil.
Como el caso se elevó a juicio, el representante del Ministerio Público acordó con el defensor César Jofré el castigo para el acusado que admitió haber tenido material ilegal, en el que se observaban imágenes de explotación sexual infantil. Fue así que el juez de Garantías Alberto Caballero homologó el trato y dictó la pena en su contra.
Pérez González resultó ser la misma persona que fue denunciada semanas atrás por sus compañeras de la facultad, de la carrera de Arquitectura y de Diseño Gráfico de la UNSJ, quienes lo acusaron de usar sus fotos que aparecían en las redes sociales, sin su consentimiento, editarlas con Inteligencia Artificial y subirlas a un sitio triple equis.
Pese al revuelo que se generó y que tuvo a unas 15 damnificadas, como mínimo, la denuncia que se radicó en el CAVIG fue a parar a la Justicia de Faltas, ya que los fiscales de esa UFI descartaron la comisión de un delito previsto en el Código Penal. Es que más allá de los prejuicios que puedan salir a la luz, las leyes y el uso de la tecnología aún no están en el mismo nivel.
Cerca de dos semanas atrás, el juez Caballero había dictado la prisión preventiva, luego de que la fiscalía asegurara que Pérez González distribuyó cerca de 18 archivos con contenido ilegal a través de redes sociales como Instagram y WhatsApp. Es que la Red 24/7, que pone en alerta a las autoridades sobre la actividad ilegal, puso al equipo informático de la Justicia rastreó el IP y el domicilio que apareció fue el del imputado, situado en Albardón.