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SUSCRIBITE El funcionario judicial Mario Héctor Parisí, que fue imputado por violencia de género después de que su pareja lo denunciara, y el médico forense Eduardo Recabarren, acusado de abusar sexualmente de una menor, volvieron a sus puestos de trabajo aunque los procesos judiciales que los tienen en la mira continúan.
Así lo informaron fuentes allegadas, que comentaron que hace unos días trascendió que quien fuera coordinador de Flagrancia y de la Unidad Conclusiva de Causas regresó hace unos días atrás a sus tareas dentro de la Justicia, sin embargo no fue específicamente a las reparticiones que ocupaba. Según indicaron, lo hizo en el edificio donde opera la Unidad de Análisis Documental y Jurisprudencia y la Biblioteca del Poder Judicial.
Parisí fue apuntado por la Fiscalía por la presunta comisión de tres delitos: lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial. El caso, que tuvo una audiencia clave el 1 de diciembre del año pasado cuando el funcionario fue imputado, provocó revuelo puertas adentro por el cargo de jerarquía que el acusado ejercía.
Por su parte, el médico del Poder Judicial que fue acusado e imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una nena también retornó a su puesto de trabajo, luego de que el juez de Garantías Diego Sánz le concediera la libertad. El profesional primero cumplió con la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario y después lo hizo en su domicilio por recomendación de la Junta Médica, dado su delicado estado de salud.
Si bien Sánz había fijado la medida cautelar, a instancias del Tribunal de Impugnación, lo enviaron a su casa. Ahora, el médico forense obtuvo el beneficio bajo ciertas reglas: no deberá salir del país, deberá evitar todo tipo de contacto con la presunta víctima, presentarse una vez al mes a la comisaría más cercana a su domicilio y no podrá obrar en perjuicio de la investigación.
Lo que llamó la atención, acorde revelaron fuentes cercanas, es que Recabarren volviera a la actividad dado el peso de la sospecha que recae sobre su persona. Según informaron, la Fiscalía de la UFI ANIVI -representada por Eduardo Gallastegui y por Paula Arredondo- prepara la acusación en su contra que, de contar con el respaldo del magistrado de Garantías, podría llegar a juicio.
Tanto una incorporación como otra sorprenden, puesto que en otros casos que involucran a funcionarios público, que componen ámbitos como la Policía, el Ministerio de Educación o Salud Pública, los implicados no regresan a su puesto si la acusación reviste gravedad.
No obstante, otras fuentes consultadas indicaron que en muchos casos, con los sumarios administrativos abiertos y los proceso judiciales iniciados, siguen trabajando. "Depende también de la cara del cliente", agregaron. Para ser más claras, explicaron que si el delito que se investiga no fue cometido en el ámbito laboral ni en ejercicio de sus funciones, nada impide que vuelvan a trabajar.
En ese sentido, agregaron: "Tomar una medida contraria afectaría el principio de inocencia que rige y significaría prejuzgar de antemano".
El otro funcionario judicial que quedó pegado a la causa de Parisí y que regresó al cumplimiento de funciones es Juan Pablo Ortega, que lo hizo como coordinador académico de la Escuela Judicial y fue trasladado a Jáchal.