La detención de Carlos Campodónico Horta el pasado sábado 12 de junio por tenencia y distribución de pornografía infantil no es la única en la que ha trabajado la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI). Desde marzo hasta junio, son 33 las denuncias realizadas por Missing Children por delitos relacionados con la pornografía infantil en la provincia. Cómo es este mundo, en el que los informes llegan directamente desde Estados Unidos y siguen un complejo entramado hasta llegar a San Juan.
La investigación arranca con un reporte realizado por Facebook, Google (a través de las cuentas de correo electrónico), Twitter, Instagram o WhatsApp al National Center for Missing and Exploited Children. Es que las redes sociales y los gigantes de Internet siguen las huellas de cada video o palabra buscada que tiene que ver con contenidos de pornografía infantil. Son ellos los que informan los movimientos en las cuentas registradas de este tipo de material.
Todos los materiales que se distribuyen en la deep web, una especie de Internet paralela, no son los que se terminan descubriendo porque allí la verificación de los IP de las computadoras o aparatos electrónicos es más compleja.
El National Center for Missing and Exploited Children deriva todos los casos argentinos al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde ahí, a las provincias. Con San Juan la firma de convenio se produjo a principios de marzo de este año.
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires rastrea esas huellas que quedan en Internet de cada uno de los titulares de los IP denunciados. Una vez conseguidos esos datos, se entrecruza información con el sistema NOSIS, donde están todos los datos de las personas, incluida su relación con AFIP, domicilio y datos bancarios.
Constatada toda la información, el caso pasa a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de San Juan. Todo es a través de una página web, en la que están subidos todos los incidentes denunciados. “Allí figura quien denuncia, el titular de las cuentas, los oficios y los videos y fotos que están en cada expediente. Es muy fuerte ver no sólo las fotos, que uno al principio cree que están trucadas por el grado de morbo, sino también los videos”, explicó Raúl Iglesias, fiscal y uno de los dos coordinadores del centro de ANIVI.
En la provincia se realiza una investigación, se hace una especie de depuración y se procede al allanamiento, detención y secuestro de cualquier elemento probatorio, como computadoras, teléfonos celulares, tablets.
El camino que se sigue si la denuncia se realiza en San Juan es diferente. Si una persona sabe que un amigo, pariente o conocido es consumidor de pornografía infantil, realiza la denuncia en la Unidad Fiscal de Investigaciones, que debe rastrear el material y constatar si es verdad lo denunciado.
El artículo 128 del Código Penal establece distintas penas para esta clase de delitos. Por tenencia, el delito es excarcelable; por distribución también pero no así por comercialización y producción de este tipo de material. La ley es más dura con quienes facturan con la pornografía infantil.
Perfiles y cimbronazo familiar
Hasta ahora, en la mayor parte de los casos en los que intervino la UFI los consumidores de pornografía infantil son personas sin delitos previos, que no tienen ni contravenciones. En general se trata de personas muy funcionales, que no generan sospechas en su círculo social.
“Son personas que tienen un perfil amistoso, carismáticos, que siempre suelen tener algo muy característico”, explicó Iglesias.
Hasta ahora, solo uno de los 33 casos que investiga la UFI tiene a una mujer como protagonista.
En cuanto a las familias, son dos los tipos de comportamiento que suelen prevalecer. Por un lado, quienes eligen no creer en las denuncias a pesar de tener todas las pruebas y por el otro lado, aquellos que desarman todo tipo de vínculo con el denunciado, quien se transforma en una vergüenza familiar.
