Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Este martes por la mañana se llevó adelante la audiencia de formalización del caso que llevó tras las rejas a una directora y a una preceptora de una escuela de Albardón por falsificar documentos y, en ese marco, una de las imputadas, Natalia Arroyo, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional tras llegar a un acuerdo de juicio abreviado.
Por su parte, la docente que se desempeñaba como directora de la escuela secundaria Néstor Kirchner, Patricia Salvatierra, decidió continuar con el proceso judicial que la tiene en la mira por falsedad ideológica y adulteración de documentos públicos. Así, el juez de Garantías -Diego Sanz- resolvió la prisión preventiva de la imputada por el plazo de un mes, debido al peligro que representaba para la instrucción que estuviera en libertad.
La docente que se hallaba al frente de la Dirección del establecimiento educativo situado en Campo Afuera, al igual que la preceptora que reconoció el delito, fue denunciada en la Justicia Penal después de que el Ministerio de Educación le iniciara un sumario administrativo, bajo la sospecha de haber egresado a cinco jóvenes de forma ilegal, adulterando las calificaciones, en perjuicio de la Administración Pública.
Además, los fiscales -representados por Iván Grassi- que investigan el caso estiman que hubo alumnos que se inscribieron de forma irregular y que, durante el cursado, sospechan que había estudiantes que no cumplían con las asistencias debidas. En este contexto, se especula con que pudieron ser más de cinco los beneficiados de las irregularidades que ya reconoció Arroyo.
La sentencia condicional para la preceptora, quien se mostró afectada por la situación e incluso llegó a llorar por momentos, también la inhabilita a ocupara por 6 años un cargo público, luego de reconocer en forma expresa los hechos que le endilgaron. También el juez, en su resolución, ordenó reglas de conducta por dos años.
Aunque la defensa de Salvatierra pidió la excarcelación para su patrocinada, a causa de la artritis que padece y -por ende- por ser persona de riesgo en pandemia, tanto la Fiscalía como la parte querellante, encarnada por Ricardo Lorenzo y Caludio Herrera, que representan al Fiscal de Estado -Jorge Alvo- se opusieron a esa solicitud. Finalmente, Sanz resolvió que por 30 días quedara tras las rejas y fuera trasladada al Servicio Penitenciario.
A pesar de que la directora que comenzó a ser investigada en julio de 2019, cuando comenzó el sumario administrativo, fue separada del cargo, como continuó vinculada a su labor en otra escuela y tenía acceso al sistema, las autoridades consideraron peligroso para la instrucción que pudiera estar en libertad.
El 23 de abril de 2020, nueve meses después de la investigación interna, el Ministerio de Educación resolvió radicar la denuncia en el ámbito penal que desencadenó el proceso que seguirá con una sola imputada.
Docentes, cuyas firmas habrían sido falsificadas, y alumnos, que podrían haberse visto beneficiados, serán parte de la investigación que se extenderá por un año.