Por Gustavo Martínez Puga
El juez federal Leopoldo Rago Gallo dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva a una tercera persona por la primera causa de trata laboral que se instruye en la provincia. Se trata del licenciado en tecnología en alimentos Ricardo Zabala (56), quien supo ser el segundo en jerarquía en el Ministerio de la Producción.
Además, el titular del Juzgado Federal N° 2 amplió el procesamiento con prisión preventiva al empresario Aldo Jorge Carrascosa y contra uno de los dos encargados de la cuadrilla Julio Ángel Córdoba, apodado el "Entrerriano”, a quienes consideró co-autores responsables. Otro capataz, Jaime Bordón, apodado el "Porteño”, aún está prófugo.
Según el auto de procesamiento del juez federal Rago, a las tres personas vinculadas a la primera causa de trata de personas con fines laborales que se instruye en San Juan se les imputó el artículo 145 ter, incisos 1, 4 y 5. Eso quiere decir que, de ser encontrados culpables en un juicio, Zabala, Carrascosa y Córdoba podrían tener una pena de prisión efectiva, ya que la ley prevé un castigo de 5 a 10 años.
Zabala fue el último en caer en una investigación penal sin precedentes que inició el fiscal federal general Francisco Maldonado. Fue después que trabajadores golondrinas de Tucumán recurrieran a RENATEA y a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia a quejarse por las condiciones infrahumanas que los tenían en una finca de Albardón, donde Carrascosa es un poderoso empresario vinculado a la actividad fruti-hortícola.
En un procedimiento conjunto entre Desarrollo Humano, Subsecretaría de Trabajo y la fiscalía federal se logró determinar que 43 trabajadores tucumanos, entre los que había al menos tres menores de edad, eran explotados laboralmente en la finca de Carrascosa.
Por ejemplo, a los trabajadores no solo los tenían en una casona sin las condiciones de higiene mínimas (dormían en el piso, sin baño ni cocina), sino que tampoco les pagaban lo que les habían prometido, por lo que no tenían dinero ni para comprar los pasajes de vuelta a Tucumán.
Encima, según la investigación judicial, esos trabajadores llegaron a la provincia sin un costo para los empresarios, sino que se aprovecharon de un plan del gobierno de Tucumán que financia el viaje de esos trabajadores rurales a distintos puntos del país, en épocas donde la zafra de azúcar deja mano de obra desocupada.
En las declaraciones que se les tomaron a las víctimas, el licenciado Zabala quedó fuertemente vinculado por los distintos testimonios. Además, en las actas de reuniones realizadas en la Subsecretaría de Trabajo consta que el ex funcionario estuvo presente en inspecciones y en reuniones laborales.
Cuando el empresario Carrascosa cayó preso, intentó despegarse del escándalo diciendo que él no tenía nada que ver porque desde el 1 de noviembre de 2013, y por el lapso de tres años, el galpón y la finca de Albardón estaban alquilados a Ricardo Zabala. Y adjuntó una copia del contrato de alquiler.
Sin embargo, el juez Rago consideró que las pruebas en esta etapa de instrucción eran suficientes para sospechar que Carrascosa, junto a Zabala y a Córdoba, podrían ser autores del delito de trata de personas con fines laborales. De quedar firme el procesamiento, en el juicio se determinará la responsabilidad penal de cada uno de ellos.
LA CIFRA
$1 M.
Un millón de pesos es el embargo que el juez Rago le trabó al ex funcionario Ricardo Zabala.
LA PENA
El artículo 145 ter dice que la pena será de 5 a 10 años de prisión cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación en una situación de vulnerabilidad para obtener beneficios por parte de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. El juez Rago les imputó el inciso 4, el cual se estipula para cuando las víctimas son 3 o más. Y el inciso 5, el cual dice que para la comisión del delito participan tres o más personas.
Cómo sigue la investigación
El juez federal Rago envió un oficio a la Municipalidad de Albardón para que informe si, desde noviembre de 2013, hubo requisitoria de la habilitación municipal que pide Energía San Juan para poder suministrar electricidad a la propiedad en la que fueron rescatados los trabajadores, un galpón y una cámara frigorífica.
El juez pidió a la municipalidad que informe si los solicitantes fueron Carrascosa, Zabala, "Cooperativa Trabaja”, "Dominant SA”, "Frutícola Argentina SA” y "Valle Zondino SRL”.
