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SUSCRIBITELa intendenta de Chimbas explicó los motivos del veto total al Presupuesto 2026, cuestionó el aumento de fondos para el Concejo Deliberante y habló de un avasallamiento de competencias. Ahora el cuerpo legislativo deberá definir si insiste con la ordenanza.
Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.
La crisis política en Chimbas sumó este miércoles un nuevo capítulo. La intendenta Daniela Rodríguez formalizó el veto total al Presupuesto 2026 aprobado por el Concejo Deliberante y, a través de un extenso comunicado, explicó los motivos de una decisión que profundiza el enfrentamiento institucional dentro del municipio.
Según argumentó la jefa comunal, la ordenanza sancionada por el cuerpo legislativo no se corresponde con el proyecto original enviado por el Ejecutivo y representa, a su criterio, un “grave avasallamiento de competencias”. Rodríguez sostuvo que el Concejo excedió su rol de control y autorización, al modificar partidas, crear gastos y redefinir prioridades, funciones que -remarcó- corresponden exclusivamente al Ejecutivo municipal.
Uno de los puntos centrales del veto fue el aumento de los recursos asignados al Concejo Deliberante. De acuerdo con la intendenta, la ordenanza destina cerca de cuatro mil millones de pesos para el funcionamiento del órgano legislativo, una cifra que consideró desproporcionada y que, además, impacta directamente en la capacidad del municipio para sostener políticas públicas, servicios esenciales y mejoras salariales para trabajadores y contratados.
En su mensaje, Rodríguez también cuestionó la decisión del Concejo de incrementar su remuneración como intendenta, al señalar que esa medida tendría como objetivo final elevar los haberes de los concejales, dado que la Carta Orgánica Municipal fija los salarios legislativos en función del sueldo del Ejecutivo. A eso sumó críticas por la reasignación de partidas propias del Ejecutivo hacia el Legislativo y la creación de una estructura administrativa paralela, con nuevos cargos políticos y áreas que, afirmó, carecen de sustento legal.
La intendenta aseguró que, antes de llegar al veto, se intentaron instancias de diálogo tanto formales como informales, sin resultados. En ese marco, defendió su decisión como un “deber jurídico” y no como una postura política, al sostener que el veto busca preservar el orden constitucional, la división de poderes y la gobernabilidad del departamento.
El trasfondo del conflicto se arrastra desde diciembre, cuando el Concejo aprobó el Presupuesto 2026 con modificaciones al reparto de recursos. En ese momento, Rodríguez ya había advertido que los cambios alteraban la planificación financiera y podían afectar el pago de sueldos, bonos y el funcionamiento de áreas operativas.
Tras conocerse el veto, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Rivero, salió a responder y puso el foco en que la medida haya sido total y no parcial. Aseguró que el presupuesto no sufrió cambios en su monto global y que solo se realizaron reasignaciones de partidas, una herramienta que calificó como legal y habitual. Además, buscó llevar tranquilidad a la comunidad al garantizar la continuidad de obras, servicios, asistencia social y el pago de salarios y beneficios a los trabajadores municipales.