Eran las 2:20 del 18 de julio cuando los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi ingresaron al Pabellón 4 del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, provenientes de San Juan. Poco les importaba el frío que se filtraba desde el exterior en las celdas 4433 y 4418. Sabían que la primera fase del plan de fuga se había concretado con éxito. Así se evidenció siete días después, el 25 de julio, cuando ambos condenados por crímenes de lesa humanidad se fugaron del Hospital Militar Central Cosme Argerich al que fueron trasladados para tratarse supuestos problemas de salud. La investigación del caso desnudó una logística económica y judicial impensada: se encontró un mapa que habría servido para la huida, se detectó un fideicomiso vinculado a Olivera con casi 9.457.803 pesos y se reveló que había otros diez genocidas internados en el mismo lugar castrense sin justificativo médico pero con el aval de la justicia. Anoche, intentaban trasladar a tres de ellos a una prisión común.
A las 21, el Servicio Penitenciario Federal organizaba el envío al penal de Marcos Paz de la mayoría de los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad que permanecían todavía en el Hospital Militar. La decisión fue consecuencia del escape de Olivera y De Marchi. Por este motivo, ayer se realizaron dos allanamientos en Corrientes y en Misiones con resultados negativos. "Tenemos pistas", le dijo a este diario una fuente gubernamental y agregó que sospecha que estarían en el país. El centro de salud ubicado en Luis María Campos al 700 cobró una enorme importancia en la causa a medida que fueron pasando las horas. La evidencia de que la fuga estuvo planificada tiene detalles cinematográficos: hallaron un plano del tercer piso del Hospital Militar que habría sido confeccionado por la mujer de Olivera, Marta Noemí Ravasi, que trabajaba como asistente psicológica allí. Ese lugar es clave porque funcionan las salas de espera 333, 334 y 335 donde fueron vistos por última vez los represores, pasadas las 13 del 25 de julio. En aquella sala el SPF entrega a los represores detenidos a las Fuerzas Armadas.
"Tenían un plan A, un plan B y un plan C", informaron a Tiempo Argentino los investigadores. En esa estructura criminal, Ravasi cumplió un rol protagónico: fue quien solicitó los turnos para que su marido se tratase en el Hospital Militar, evadiendo los trámites habituales.
El Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo de la tutela de los represores, también fue funcional a la fuga. De allí partió la resolución para que Olivera y De Marchi viajasen a la Capital a tratarse un problema dermatológico y psiquiátrico, respectivamente. Los jueces intervinientes fueron Leopoldo Rago Gallo y su subrogante en la feria judicial, Miguel Gálvez.
"Rago Gallo fue uno de los tres primeros jueces que citamos en la comisión interpoderes por las dilaciones que notábamos que tenía en las causas de lesa humanidad", explicó a este diario Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. También recordó que fue uno de los magistrados que se excusó de instruir el expediente en el que se investigaba la complicidad del ex camarista Otilio Romano con la dictadura por su "amistad íntima" con el acusado.
La solicitud del traslado fue gestionada y firmada por la secretaria del juzgado, María Paula Carena. La nuera del ex fiscal Juan Carlos Yannello, señalado como "el Romano de San Juan".
El 24 de julio Carena de Yannello, a cargo de la Secretaría Penal 4, recibió un llamado de la dirección de traslados del SPF para informarle que Olivera y De Marchi debían viajar el 26 de julio a la noche a San Juan "para la continuación de las jornadas de Debate Oral y Público" ante el "Tribunal Oral en lo Criminal Federal". La respuesta de la secretaria fue contundente: "Que no se proceda el traslado hasta que no se cumplimenten los turnos médicos ordenados mediante oficio de fecha 18 de julio, ya que el último turno es el día 8 de agosto". Al día siguiente, Olivera y De Marchi se escaparon.
PLATA DULCE. "Una persona prófuga no puede subsistir más de dos días sin apoyo económico o financiamiento de terceros", afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el 1 de agosto. Por eso, el hallazgo del fideicomiso SJ2 con 9.457.803 pesos vinculado a Olivera es determinante. De allí habría salido el dinero para financiar su vida clandestina.
Olivera ejerció como abogado hasta el día de su detención y junto con el capitán auditor Jorge Humberto Appiani, también detenido por delitos de lesa humanidad, generaba acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa por actualización de haberes de personal de las Fuerzas Armadas. El dinero del fideicomiso se gestó con la liquidación de los honorarios percibidos en esas acciones.
Ante este escenario, el gobierno decidió el congelamiento de las cuentas de Olivera concentradas en los fondos fiduciarios, los depósitos bancarias, tarjetas de crédito, y el CUIT. Además de las viviendas y autos del prófugo y su mujer. Lo mismo se decidió con el dinero de De Marchi. No obstante, Olivera habría vendido el fideicomiso antes de fugarse para hacerse de fondos frescos.
Fuente: InfoNews
