A casi dos décadas del resonante y polémico crimen de Nora Dalmasso (51) en Río Cuarto, el fiscal Pablo Jávega dio por concluida la etapa de investigación y solicitó formalmente el envío a juicio de Roberto Marcos Bárzola (45) como único acusado. Bárzola, quien trabajaba como parquetista en la vivienda de la víctima al momento del hecho en noviembre de 2006, enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte y violación de domicilio, en concurso real.
El requerimiento de Jávega, plasmado en un dictamen de 357 páginas, marca un punto de inflexión en una de las causas judiciales más controvertidas de Córdoba. El fiscal requirió al presidente de la Cámara en lo Criminal y Correccional que Bárzola sea sometido a juicio, ya sea mediante un debate oral ordinario o, en su defecto, a través de un juicio por la verdad. Esta última figura es una herramienta legal utilizada cuando los delitos no pueden ser castigados penalmente (debido a la prescripción), pero se busca investigar y reconstruir lo ocurrido.
El ADN como prueba central y el señalamiento de violencia de género
Uno de los pilares del dictamen es la enumeración detallada de pruebas que, por primera vez en 19 años, apuntan de manera directa contra un sospechoso concreto. Entre los elementos considerados determinantes se encuentra el ADN de Bárzola, hallado en ocho sectores distintos del cinto de la bata de baño con el que Dalmasso fue estrangulada. Además, un vello púbico encontrado en los genitales de la víctima también fue atribuido al acusado. Este cotejo genético, que el fiscal calificó como "irrefutable y contundente", recién pudo concretarse en septiembre de 2023, después de que el expediente pasara a manos de Jávega y de que el viudo de la víctima, Marcelo Macarrón, fuera absuelto en 2022. La coincidencia genética fue avalada por el FBI.
De acuerdo con la hipótesis reconstruida por Jávega, Bárzola, aprovechando su conocimiento de la casa tras realizar tareas de colocación de pisos, habría ingresado a la vivienda sin ejercer violencia sobre cerraduras, sorprendiendo a la víctima mientras dormía. El fiscal sostiene que, tras un forcejeo, el acusado la redujo, la estranguló y abusó sexualmente de ella, provocándole la muerte por asfixia.
El fiscal profundizó en el móvil del crimen, sosteniendo que el ataque estuvo motivado por "un estereotipo de supremacía de género", encuadrando el hecho en un contexto de violencia de género, al negarle a la mujer el derecho a decidir con quién vincularse.
La sombra de la prescripción y los fiscales anteriores
A pesar del requerimiento de elevación a juicio, la causa Dalmasso se encuentra actualmente atravesada por la cuestión de la prescripción de la acción penal. Aunque Bárzola fue acusado formalmente a fines de 2024, su defensa logró que la Cámara Criminal de Río Cuarto dictara su sobreseimiento por prescripción en octubre de 2025.
No obstante, la familia Dalmasso—compuesta por Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina— apeló esta decisión ante la Sala I del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, cuya resolución aún está pendiente. El juez de grado ya adelantó que, si se mantiene la oposición de la defensa, correspondería avanzar con un juicio por la verdad, aunque se espera una definición previa del Tribunal Superior sobre la prescripción.
El pedido de Jávega se da en un contexto de fuerte crítica al accionar judicial inicial. El fiscal reconstruyó en su dictamen que los primeros fiscales de la causa se negaron "de manera sistemática" a tomar muestras genéticas a Bárzola, pese a los reiterados pedidos de la familia Macarrón y el abogado Marcelo Brito, quien ya en 2007 lo había señalado como sospechoso. Tres fiscales que intervinieron inicialmente en el expediente enfrentarán un juicio político por presunto mal desempeño y negligencia grave, una decisión tomada por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. El viudo, Marcelo Macarrón, fue contundente al declarar que Bárzola es "el asesino que no vieron y no quisieron ver nunca".
Con este dictamen, la causa Dalmasso ingresa en una nueva etapa judicial, con el foco puesto en la definición sobre la prescripción y la modalidad de un eventual juzgamiento.
