Movilizados

Las ART locales, en jaque por los abogados caranchos

Dicen que los juicios “inventados” podrían terminar con la rentabilidad de las empresas, lo que significaría dar marcha atrás en los avances de seguridad laboral para todos los trabajadores del país. Por Viviana Pastor.
martes, 11 de agosto de 2015 · 10:57
Por Viviana Pastor

El carancho es un ave que se alimenta de carroña, por eso en el país a los abogados que viven de estafar a las víctimas de accidentes les dicen "caranchos”. Lejos de estar en extinción, se reproducen y gozan de buena salud, muchos manejan autos alemanes y vacacionan en el Caribe.

Este grupo de profesionales de las leyes son los que podrían acabar con el sistema de las ART, Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, impuesto en 1995 con la Ley N° 24.557, de Riesgos del Trabajo. Es que según los gerentes de las ART, el alto nivel de judicialidad de casos "armados” ha puesto en jaque la caja de las aseguradoras. 

"En San Juan tenemos unos 115.000 trabajadores cubiertos con ART y hay unos 2.000 juicios. En todo el país la judicialidad alcanza el 1 % del total de trabajadores y en San Juan supera el 2 % en relación al universo de trabajadores amparados. Lo que vemos es que hay un abuso del sistema porque el sistema judicial hoy les responde”, dijo Enrique Conti, gerente de Asociart ART.

Los responsables de las principales firmas de ART de la provincia dijeron que el quiebre en el sistema se produjo en septiembre de 2004 cuando se decretó inconstitucional el artículo 39º de la ley 24.557 que establecía que ningún trabajador accidentado podía acudir a la justicia para acceder a un juicio contra la ART por su accidente laboral. A partir de ahí las demandas se aumentaron año a año en forma exponencial. Hoy, en todo el país hay una "industria del juicio por accidentes de trabajo”, con 120.000 juicios y sólo 20.000 corresponden a este año. 

Diego Lombardo, gerente de Prevención ART, del Grupo Sancor, dijo que esta escalada de juicios los llevó a juntarse y movilizarse para impedir que colapse el sistema. "Las ART funcionaban muy bien, es una muy buena solución para el empleado y para el empleador. Pero las malas decisiones de algunos, convencidos por algún abogado inescrupuloso, hace que el sistema tienda a colapsar, porque no hay forma de sostener el ritmo de siniestros de los juicios”, dijo Lombardo.

Por cada accidente laboral que la ART paga y que después el empleado decide hacer juicio para cobrar más, los gerentes calculan una erogación promedio de 70.000 pesos. Si se tuvieran que pagar los 120.000 juicios en danza, el sistema caería.

Pablo Meglioli, de la firma Meglioli y Asociados, señaló que hay una gran cantidad de acciones fraudulentas en los juicios, como hipoacusias que no están bien determinadas, otras inventadas, que se terminan pagando. 
En San Juan hay 5 estudios jurídicos que se han especializado en estos juicios y muchos de los abogados que trabajan en ellos han sido ya sancionados por el Tribunal Disciplinario del Foro de Abogados, con la suspensión de su matrícula profesional por conducta impropia.

En el proceso también hay médicos inescrupulosos. "Hay una comisión médica que determina la incapacidad o daño, pero cuando la persona lo rechaza va a un médico perito y ese perito cobra en proporción a la incapacidad que está midiendo, o sea que sus honorarios se ajustan en función a la indemnización. Parece éticamente incompatible, porque mientras más indemnización, más cobra el médico”, dijo Meglioli.

Conti destacó que "si se dieran cuenta que los empleados que hoy abusan del sistema perjudican al 99 % que lo usa bien, de buena fe, que la ART les da acceso a atenciones por su obra social no podrían acceder, y muchas otras prestaciones. Es realmente imposible mantener el sistema con este nivel creciente de juicios”.

Pero además, este proceso está llevando a fuertes subas en las alícuotas de la ART para poder responder a los juicios y tratar de equilibrar las pérdidas. Las renovaciones, que son anuales, llegaron con subas de entre el 40 % y 50 % de las alícuotas lo que generó gran malestar en el empresariado que está absorbiendo los costos.
"Aún con ese incremento las ART tenemos una perdida técnica del 10 % y sabemos que sería imposible aumentar lo que deberíamos para no perder en esta ecuación”, señaló Conti.

Un caso para recordar

Octubre de 2014, Tiempo de San Juan publicó que el juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó, sin privarlos de su libertad, a cuatro abogados sanjuaninos, a tres médicos (un sanjuanino, un cordobés y un tucumano) y a un obrero calero de Sarmiento, por armar una asociación ilícita para inventar casos de sordera en obreros mineros y estafar al Estado nacional, saqueando un fondo especial de las ART.

Luego se sumaron más nombres y profesionales. En las empresas ni siquiera sabían de la presunta maniobra ilegal que había armado este grupo de abogados, quienes habrían reclutado a obreros mineros como clientes, haciéndolos pasar por sordos, con la venia de médicos que certificaban ese problema médico inexistente.

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