caso rojas

La historia del diputado sanjuanino asesinado a balazos en 1975

Pablo Rojas era Diputado Nacional por el Frente Justicialista de Liberación Nacional y fue interceptado y baleado por sicarios relacionados con la Triple A.
viernes, 10 de mayo de 2019 · 18:31

Por Walter Vilca

El ataque al diputado nacional riojano Héctor Olivares y a su amigo y funcionario Miguel Yadón, que resultó muerto, por el modo de sicariato, trae a la memoria de los sanjuaninos un crimen ocurrido en 1975: el del diputado nacional Pablo Rojas, asesinado en Villa América.

Quisieron pintarlo como un incidente callejero casual. Instalaron también la hipótesis de que era una venganza por su supuesta filiación "comunista", siendo que él era uno de los máximos referentes del peronismo. Ni una ni otra, el trasfondo real fue político y económico. Es esa la única explicación a aquella tenebrosa trama mafiosa que acabó en la emboscada y el brutal asesinato del diputado nacional Pablo Rojas, un verdadero magnicidio y caso testigo de lo que fueron los inicios sangrientos de las bandas paramilitares que empezaban a operar antes del golpe militar de los ‘70.

Casi perdido y olvidado entre los innumerables asesinatos y desapariciones que le prosiguieron durante la última dictadura militar, el crimen del diputado Pablo Rojas es todo un paradigma de ese entramado y conflictivo contexto histórico que signó a la Argentina en esos años.  Rojas las había vivido todas. Obrero vitivinícola, cantante folklórico, tanguero, acérrimo militante peronista, diputado provincial hasta el golpe militar de la Revolución Libertadora, secretario general de FOEVA, dirigente deportivo del antiguo Club San Juan y de Sportivo Peñarol, y finalmente diputado nacional. Tenía esposa y tres hijos, uno de los cuales fue gobernador muchos años después. Una larga trayectoria para quien luego sería una víctima más de esa extraña mezcla de la burocracia sindical y los sicarios de la Triple A que en ese entonces ya buscaban imponer a sangre y balas sus intereses políticos y económicos.

No fue casual. Pablo Rojas había presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para imponer el envasamiento de vino en origen. Tocaba intereses, especialmente el de las firmas fraccionadoras que se verían obligadas a instalarse en las provincias productoras de vino a granel. Por tiro de elevación también golpeaba al gremio FOEVA porque ponía en peligro el control sobre los afiliados en otras ciudades importantes del país.

Todavía es un enigma quiénes estuvieron realmente detrás del asesinato por encargo. Pero por esas ironías de la vida, el diputado justicialista Pablo Rojas terminó siendo sacrificado justamente por sus ex compañeros del gremio y por un grupo ligado a la derecha peronista.

El ataque

Eran las 4.30 de la madrugada del 3 de noviembre de 1975. El diputado nacional viajaba solo en su Ford Falcon cuando fue encerrado por otro vehículo en la calle Paraguay, entre Rioja y Tucumán, en su Pueblo Viejo, Concepción. Fue un ataque certero y traicionero a balazos y cuchillazos, pero Rojas no se entregó fácilmente y resistió con el revólver calibre 32 que lo acompañaba siempre. Es que ya lo tenían amenazado.

Según el expediente judicial, los vecinos escucharon los tiros. Cuando salieron a la calle alcanzaron a ver a un Peugeot 504 que huía a toda velocidad. Para entonces, Rojas ya estaba muerto dentro de su Ford. Dos de los disparos impactaron en su cabeza y otros dos en el resto del cuerpo. Además recibió un cuchillazo en el pecho y otra herida cortante en un dedo. Él todavía sostenía el arma con su mano derecha y el caño aún estaba caliente, señal de que había enfrentado a sus agresores. De hecho hallaron sangre de otra persona dentro del coche.

La frustrada huida

Conocido el crimen, la Policía no tardó en dar el alerta en toda la provincia. En horas de la mañana, encontraron el Peugeot 504 de los homicidas abandonado a un costado de la ruta 40 a la altura de Sarmiento. Lo confirmaban las municiones y manchas de sangre en su interior. Más tarde tomaron conocimiento de que en el Hospital Central de Mendoza apareció un hombre herido de dos disparos.

Era el suboficial del Ejército Fernando Alberto Otero, quien en principio dijo que había sido atacado por una patota. Nadie le creyó y quedó detenido. No podía explicar qué hacía ahí si era de Buenos Aires. Las sospechas se acrecentaron contra él cuando la Policía Federal allanó el hotel Balcarce de Mendoza, donde se hospedaba junto a un tal Carlos Hugo González -hasta ese momento desaparecido-, y encontró armas de fuego, balas y fotos de otras personas. 

El círculo se fue cerrando en torno a Otero cuando al día siguiente, el 4 de noviembre, dieron con el cuerpo sin vida de Carlos González, su compañero de habitación, en el paraje Tierras Coloradas del distrito mendocino de Papagayos. Lo habían dejado abandonado, tenía un disparo. Entre sus prendas hallaron un mapa de San Juan Capital en el cual estaban marcados los lugares que frecuentaba Pablo Rojas y la ubicación de las comisarías. 

La investigación reveló que otras personas conformaban la banda, puesto que Otero y González andaban con otros dos sujetos que después se supo eran Mario Ernesto Durquet y Fernando Federico Delgado, a los que no se los localizó. Existía un denominador común entre ellos: eran suboficiales del Ejército y formaban parte de la corriente de extrema derecha Concentración Nacional Universitaria, con base en la Universidad Nacional de La Plata. El "Coco" Otero se reconocía "pro nazi" y estuvo preso por participar en atentados contra templos judíos en Buenos Aires.

Apremiado por los indicios, en principio Otero confesó que mataron al diputado Rojas por su pertenencia al Partido Comunista y que fue un encargo a pedido de un supuesto intermediario llamado Ocampo, de FOEVA. Aunque a posteriori cambió su declaración, la mención de Ocampo -conocido en el ámbito gremial- fue armando el rompecabezas. La ecuación cerraba: la ejecución de Rojas, su proyecto de ley de envasamiento de vino en origen, el conflicto con el gremio y Ocampo. 
En abril de 1976 detuvieron a Delfor Ocampo, secretario general de FOEVA San Juan y secretario adjunto a nivel nacional de la misma entidad. Otra que cayó presa fue María del Carmen Come, la mujer de Otero, en el entonces Hotel Nogaró. Durante ese allanamiento secuestraron otra pista que sería clave. Entre sus cosas apareció la fotocopia de un cheque por 50.000 pesos del Banco San Juan extendido por FOEVA. Ese cheque había sido entregado por Alejo Quevedo, tesorero del gremio, quien a su vez cumplía órdenes de Juan Baigorria, el segundo de Ocampo.

Ocampo negó siempre su relación con el homicidio y con respecto al cheque entregado se cubrió diciendo que estaba siendo extorsionado por esos sujetos. Sin embargo, cada vez estaba más complicado. La planilla de registros de la Policía mendocina en el paso interprovincial indicaba que Delfor Ocampo había pasado con su auto los días 2 y 3 de noviembre de San Juan a Mendoza y viceversa. Esto es, el día previo y posterior al asesinato del diputado nacional. Eso sembraba la sospecha cierta de que había colaborado con los sicarios.

El juez federal Mario Alberto Gerarduzzi fue el encargado de juzgar a Fernando Otero, Delfor Ocampo y Ramón Baigorria a través de un largo proceso escrito. Los que no llegaron a juicio fueron Alejo Quevedo, que fugó; lo mismo que María del Carmen Come. Increíblemente, a esta última la dejaron salir del penal por orden de los militares que en ese entonces ya había tomado el poder en el país. Los otros sospechosos, Durquet y Delgado, fueron declarados prófugos.

El 26 de febrero de 1982 se dictaron las sentencias. A Otero le dieron reclusión perpetua por los delitos de homicidio agravado, tenencia de armas y municiones de guerra y asociación ilícita. La misma pena recibió el sindicalista Delfor Ocampo por instigación y participación principal en homicidio agravado y defraudación -por el dinero utilizado- en perjuicio de FOEVA. En cuanto a Baigorria, sólo lo condenaron por defraudación.

Las vueltas de la vida

Delfor Abraham Ocampo estuvo preso en el penal de Chimbas hasta 1987. Olvidado y enfermo, después fue beneficiado con la prisión domiciliaria en razón de que la diabetes estaba haciendo estragos en él y le amputaron sus piernas. Murió en 1990.

El matón y ex militar Fernando Alberto Otero estuvo en prisión hasta enero de 1990 y luego desapareció de San Juan. Su nombre sonó como parte del grupo de guardaespaldas de Alfredo Yabrán o integrante de una banda de traficante de droga. El 19 de noviembre de 2012, Otero volvió a caer preso en Mar del Plata, esta vez en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. En diciembre de 2016 lo condenaron a prisión perpetua por siete asesinatos y un secuestro seguido de muerte cometidos en 1975 por la organización política Concentración Nacional Universitaria.

Mario Ernesto Durquet, que en principio había zafado por el caso Rojas, fue apresado en noviembre de 2010 en la ciudad de La Plata por su accionar criminal –junto con Otero y otros- en Concentración Nacional Universitaria.  Al igual que su compañero de fuerza, fue condenado a prisión perpetua por los mismos crímenes y por asociación ilícita.

(NdR: Otero fue excarcelado. Lo ordenó la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que considerara cumplida la condena a prisión perpetua que le había dictado el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata tras el juicio de 2016).

Diciembre de 2016. Fernando Otero llega esposado a la sala del Tribunal Oral Federal para presenciar la lectura del veredicto tras un juicio histórico.

Fernando Otero

A raíz de un pedido del abogado Mario Rojas Parrado, hijo del legislador asesinado, en febrero de 2016 el fiscal federal Francisco Maldonado pidió al juez federal Leopoldo Rago Gallo que reabra la causa por el asesinato de Pablo Rojas al considerar que se trataba de un crimen de lesa humanidad y, por ende, un delito imprescriptible. Es así que Durquet fue traído desde Buenos Aires en noviembre de ese año e indagado en el tribunal federal por el asesinato del diputado nacional. También se pidió la indagatoria de Fernando Federico Delgado, pero el ex militar -que estaría por cumplir los 70 años- se encuentra prófugo desde el 2008. Existe una recompensa de 500.000 pesos por su cabeza.

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