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SUSCRIBITEEl Gobierno nacional dio de baja a una resolución que había aprobado para la evaluación de la invalidez en el otorgamiento de pensiones no contributivas.
La Agencia Nacional de Discapacidad (AND) oficializó este martes la derogación del Baremo 2025, instrumento que regía la evaluación de la invalidez laboral para el acceso a pensiones no contributivas. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1172/2025, deja sin efecto la Resolución 187/2025 que había aprobado el baremo a principios de este año.
Según informó el organismo, la decisión responde a observaciones técnicas realizadas por distintas áreas especializadas, especialmente la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas. El diagnóstico: era necesario revisar y actualizar los criterios médicos y metodológicos utilizados para valorar la discapacidad, a fin de alinearlos con estándares internacionales vigentes.
Una nueva etapa en el sistema de evaluación
Desde la AND señalaron que esta derogación no implica un retroceso, sino el inicio de un proceso de reforma integral del sistema de evaluación médica para pensiones por invalidez. En este sentido, se trabajará en una nueva reglamentación que contemple una visión más moderna, inclusiva y técnicamente robusta.
“El nuevo enfoque buscará garantizar mayor objetividad, equidad y respeto por los derechos de las personas con discapacidad, en línea con los compromisos asumidos por el Estado argentino en convenios internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, indicaron fuentes del organismo.
El baremo es un documento técnico-normativo que establece los parámetros para determinar el grado de invalidez de una persona, fundamental en los procesos de otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad. A través de este instrumento, los profesionales médicos determinan si una persona cumple con el mínimo de incapacidad exigido por ley (en general, superior al 76%) para acceder al beneficio.
El Baremo 2025 había sido aprobado en enero, pero recibió críticas por supuestos déficits en su construcción técnica, falta de adecuación a prácticas médicas actuales y ausencia de una mirada biopsicosocial más amplia.
La resolución derogada dejará de tener efecto a partir del 14 de mayo de 2025, el día posterior a su publicación oficial. En tanto se elabora una nueva herramienta, la Agencia podría disponer criterios transitorios de evaluación o retomar el uso del baremo anterior.
Aunque no se han detallado aún los procedimientos alternativos que regirán en el corto plazo, desde la AND aseguraron que se buscará no afectar a las personas que se encuentren actualmente en evaluación o en espera de resolución de sus expedientes.
Esta medida se da en un momento de revisión profunda de políticas sociales y asistenciales por parte del Gobierno nacional, en el marco de una estrategia de rediseño del sistema de pensiones no contributivas, orientado a mejorar la asignación de recursos, reducir la discrecionalidad y garantizar mayor transparencia en los procesos de otorgamiento.
En paralelo, organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en derechos humanos venían reclamando una actualización del baremo que refleje criterios multidimensionales, que no se limiten a la evaluación clínica, sino que incorporen barreras contextuales, sociales y culturales.