La deuda de la Municipalidad de Caucete a la distribuidora eléctrica DECSA sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando la intendenta Romina Rosas confirmó a este diario que accederá a un plan de pago para evitar irregularidades administrativas. Sin embargo, remarcó que esto no implica reconocer la deuda millonaria que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) fijó en más de 500 millones de pesos. Por este motivo, afirmó que acudirá a la Justicia para mostrar “la disconformidad o declarar la nulidad” de la medida impuesta por el organismo local.
“No es que nos vamos a hacer cargo de la deuda, es más, no reconocemos la deuda, pero hay un pedido de cumplimiento de una determinada acción por parte del municipio para no entrar en una irregularidad con respecto a lo que ha resuelto el EPRE”, afirmó Rosas en diálogo con este medio. Explicó que el municipio dará conformidad a un plan de pago, cuyo monto aún no está definido, pero que seguirá adelante con una acción judicial para cuestionar la resolución del organismo regulador: “Una vez que esta situación se resuelva determinaremos a lo mejor un monto de una cuota, pero seguimos con instancia con una instancia judicial”.
La jefa comunal detalló que acordó con DECSA revisar los montos que actualmente se le facturan al municipio. “Estamos revisando cuánto es lo que el municipio debiera pagar en cuanto al costo de energía eléctrica y a la cantidad de kilovatios que se nos facturan. En función de esos números determinaremos un plan de pago”, señaló.
En este marco, Rosas manifestó que su gestión está reuniendo todos los elementos técnicos para hacer una presentación judicial contra EPRE. La intendenta manifestó su “disconformidad” a medida y declarar la nulidad de la resolución. “Se definirá si era o no era ese monto, si existía o no existía deuda”, aclaró.
La disputa entre el Ejecutivo municipal y la empresa distribuidora tuvo un punto álgido el jueves 19 de junio, cuando el Concejo Deliberante de Caucete interpeló a Rosas en una sesión cargada de tensión política. En aquella ocasión, la intendenta desconoció el monto de la deuda, cuestionó la metodología de facturación de DECSA y acusó a la firma de cometer “errores graves” en el cálculo del consumo eléctrico del alumbrado público.
De acuerdo con la resolución del EPRE, el municipio mantiene un pasivo superior a $500.000.000 con DECSA, monto que se desprende de una estimación técnica realizada por el organismo regulador. El vicepresidente del ente, Roberto Ferrero, aclaró que el trámite administrativo se encuentra cerrado y que el certificado emitido constituye un título hábil para la ejecución. “La distribuidora tiene derecho a cobrar, incluso a restringir el servicio en los edificios municipales si lo considera necesario”, advirtió.
Según Ferrero, el origen del conflicto radica en que la mayoría del alumbrado público de Caucete no cuenta con medición directa, lo que obliga a realizar estimaciones sobre el consumo. “La solución definitiva es medir, pero para eso el municipio debe hacer las obras correspondientes”, explicó. Además, alertó sobre problemas de seguridad detectados en las instalaciones eléctricas comunales, que calificó como “una preocupación mayor que la propia deuda”.
Durante la interpelación, la intendenta defendió su postura con una presentación que incluyó filminas y expedientes, mientras la militancia justicialista acompañaba desde las afueras del recinto. Allí aseguró que parte importante de la deuda se debe a errores de la empresa, como la aplicación del Costo de Uso de la Red Media Tensión (CUM) como si Caucete fuera parte del Gran San Juan. “Nos están cobrando como a un municipio del Gran San Juan. Nosotros no convalidamos la deuda”, expresó.
A pesar de la firmeza en sus cuestionamientos, Rosas reconoció que no puede incumplir con las obligaciones dispuestas por el EPRE. “No podemos generar un incumplimiento a mis deberes como funcionaria pública. Accederemos a un plan de pago desde el lugar de disconformidad, mientras avanzamos con la demanda judicial”, subrayó.
La intendenta anticipó que acudirá a la Justicia para buscar la nulidad de la resolución del EPRE. “No vamos en contra de la empresa, sino respecto a lo que determina la resolución del ente. El día de mañana la Justicia decidirá si existe o no la deuda y cuál es su monto real”, declaró.
