Casi dos años después de su aprobación, un proyecto impulsado por el exintendente de Pocito, Armando Sánchez, quedó bajo la lupa. Se trata de la Fiduciaria Intermunicipal Sociedad del Estado, una figura jurídica creada en noviembre del 2023 con el objetivo de manejar fideicomisos públicos y canalizar inversiones. La iniciativa fue avalada por el Concejo Deliberante pocitano mediante la ordenanza N° 5990-2023, durante el último tramo de la gestión de Sánchez, dirigente alineado con el uñaquismo.
La fiduciaria, de acuerdo a la publicación del 14 de julio en el Boletín Oficial, contempla un capital inicial de $15 millones, con posibilidad de operar como fiduciario, fideicomitente o beneficiario, tanto en el país como en el extranjero, y fue presentada como un proyecto conjunto entre municipios. Sin embargo, este diario consultó a otros intendentes peronistas que manifestaron no estar al tanto de la propuesta y el actual jefe comunal Fabián Aballay no respondió.
Según la letra chica del proyecto, "la justificación de la conformación de dicha sociedad radica en apoyar la principal actividad económica del departamento Pocito, cual es la agricultura, actividad que está observando un permanente proceso de diversificación e integración hacia la agroindustria, para continuar con el desarrollo de actividades económicas primarias y secundarias". Pero no menciona a los integrantes enrolados en la iniciativa.
La falta de claridad sobre quiénes conforman esta sociedad del Estado, junto con el pasado reciente del exintendente Sánchez, alimenta las sospechas. Es que el Tribunal de Cuentas de la provincia formuló 25 cargos en su contra por presuntas irregularidades durante el último año de gestión. El organismo de control detectó un posible perjuicio patrimonial de $120 millones.
Entre las observaciones más relevantes figuran el pago de $49,8 millones a la empresa Hormigones de Cuyo por repavimentar calle Maurín, sin documentación respaldatoria; desembolsos por cerca de $16 millones para instalar juegos deportivos, también sin contratos ni facturas; y aproximadamente $9 millones destinados a operativos de limpieza sin documentación de respaldo ni certificaciones.
Frente a este escenario, surgieron críticas desde sectores políticos. El excandidato a gobernador y expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, cuestionó la creación de la fiduciaria, señalando que se trata de “una manera de prestar plata sin el control administrativo y político”, y agregó: “Este tipo de estructuras elude el control del Tribunal de Cuentas”. También ironizó sobre su carácter colectivo: “¿Intermunicipal? ¿Qué otros municipios se prenden para hacer negocios por fuera del control estatal?”.
