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Expropiación de YPF: 8 de los 9 legisladores sanjuaninos votaron a favor del proyecto del kirchnerismo, ¿quiénes fueron?

En 2012, ocho de los nueve legisladores nacionales por San Juan apoyaron la expropiación de YPF, una decisión que derivó en el millonario juicio que hoy enfrenta la Argentina en Nueva York. Mientras la Casa Rosada intenta frenar la ejecución del fallo y evitar la pérdida del control estatal sobre la petrolera, el caso sigue escalando en los tribunales internacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan

A más de una década de la expropiación de YPF, que hoy mantiene a la Argentina envuelta en un millonario litigio internacional, resurge el dato de cómo votaron los representantes sanjuaninos en aquel histórico debate parlamentario. Ocurrió en mayo de 2012, cuando el Congreso sancionó la ley que permitió al Estado quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera, controladas entonces por la española Repsol.

En la Cámara de Diputados, los seis representantes por San Juan respaldaron el proyecto impulsado por el kirchnerismo. Los votos afirmativos fueron de José "Pepe" Villa, Graciela Caselles, Daniel Tomas, Rubén Uñac y Margarita Ferrá de Bartol, todos del Frente para la Victoria. A ellos se sumó Mauricio Ibarra, quien en ese momento formaba parte de Unión por San Juan, pero también apoyó la expropiación.

En el Senado, el panorama fue similar. Los oficialistas Marina Riofrío y Ruperto Godoy, ambos del Frente para la Victoria, acompañaron la iniciativa enviada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El único sanjuanino que no participó fue el senador opositor Roberto Basualdo, quien estuvo ausente en la votación. Junto a él, el otro gran ausente en la sesión fue el expresidente Carlos Menem.

El proyecto se aprobó el 3 de mayo de 2012 en la Cámara baja, con 208 votos a favor y 32 en contra. Entre los bloques que rechazaron la medida se destacaron Pro, Coalición Cívica y Unión Celeste y Blanca. La ley recibió amplio respaldo en ambas cámaras y permitió avanzar en la expropiación, que hoy mantiene al país en el centro de una disputa judicial en los tribunales de Nueva York.

El juicio en Nueva York y la estrategia del Gobierno

Como parte de las últimas novedades del caso, este martes el Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que obliga al país a pagar una indemnización multimillonaria por la expropiación de YPF. El pedido, conocido como "stay" en la legislación estadounidense, busca estirar los plazos judiciales durante algunos meses, evitar la ejecución inmediata de la sentencia y ganar tiempo para revertir el fallo en segunda instancia.

Además, en los próximos días se presentará la apelación oficial. Desde la Casa Rosada insisten en que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital -titular de la demanda- hasta que no haya una resolución definitiva. Consideran que entregar la mayoría accionaria de YPF que está en manos del Estado sería "un daño irreparable".

Fuentes oficiales aseguran que existe margen para discutir el monto de la sentencia, que actualmente asciende a USD 16.000 millones, y advierten que podría reducirse "incluso a algunos cientos de millones" si prosperan los argumentos legales planteados.

La Procuración del Tesoro, encargada de la defensa del Estado en este proceso, ya tiene lista una alternativa en caso de que Preska rechace el pedido de suspensión: solicitar directamente a la corte de apelaciones la postergación de la sentencia.

En la Casa Rosada remarcan que la sentencia, tal como está redactada, es de cumplimiento imposible. Además, recuerdan que todavía restan dos instancias superiores: la cámara de apelaciones y, eventualmente, la Corte Suprema de Estados Unidos. Por eso, rechazan iniciar cualquier tipo de acuerdo de pago mientras el proceso judicial continúe abierto.

El escenario ideal para el Gobierno sería lograr que la ejecución de la sentencia -que implicaría la entrega de las acciones estatales en YPF- se postergue hasta que finalice todo el proceso de apelación, lo que podría tomar varios meses. La alternativa menos favorable sería conseguir, al menos, los 90 días que demanda la presentación de los documentos formales de apelación.

El peor panorama sería que ni Preska ni la cámara otorguen la suspensión. Si eso ocurre, el país quedaría obligado a ejecutar el pago, algo que el Gobierno considera técnicamente inviable, ya que las acciones no son de sencilla transferencia. Además, si luego el fallo fuera revertido, recuperar esos activos sería prácticamente imposible.

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