En octubre de 2024, Juan Cruz Marinelli -ex empleado judicial del Registro Inmobiliario de la provincia- quedó imputado por fraude en perjuicio de la institución donde trabajaba. En aquella ocasión, este sujeto quedó imputado y en libertad. Además, durante el periodo de investigación se le realizó una junta médica porque él decía tener problemas psiquiátricos.
Este jueves se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares contra él y el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi solicitaron a la jueza de Garantías María Gema Guerrero que fueran renovadas. La jueza dio a lugar y Juan Cruz Marinelli deberá cumplir con las medidas de no entorpecer la investigación y someterse al proceso, y prohibición de acercamiento y contacto hasta el próximo 24 de junio, día que termina el plazo de la IPP (Investigación Penal Preparatoria).
Marinelli pasó por una junta médica para establecer si era imputable o no. Finalmente, este estudio determinó que comprende la criminalidad de sus actos, por tal razón lo declararon imputable.
La maniobra de estafa en la que está acusado el ex empleado judicial
Según lo explicado por fiscalía, en el Registro Inmobiliario, entre otros trámites, se realiza el “Formulario Verde” que se realiza para tener la nomenclatura catastral. Dentro de ese formulario podés realizar dos trámites, el Informe sin valor legal que vale $2.500 y el otro, con valor legal, que sale 5.000 pesos.
Cuando fue la audiencia de formalización, la fiscalía dijo que estos informes se llenan y para ser entregados, los que van a hacer el trámite tienen que pagar en un cajero de autoconsultas, pagos que solo se hacen con tarjeta de débito y crédito. No manejan dinero en efectivo.
Marinelli está sospechado de haber hecho este trámite pidiendo el dinero en efectivo. Todo salió a luz cuando una mujer fue al Registro a preguntar de nuevo por este trámite, lo atendió otra persona y esta mujer le comentó que le habían cobrado 5.000 pesos en efectivo. Ese empleado le dijo que no se cobraba en efectivo. Seguidamente, la mujer pidió hablar con la directora de Registro Inmobiliario. A la mujer se le devolvió el dinero y la investigación interna comenzó. Días después el caso se denunció en UFI Delitos Especiales.
En el allanamiento en la oficina de Marinelli le encontraron trece Formularios Verdes tirados en un basurero.