Luego de que la investigación preliminar sobre una presunta estafa de $70.000.000 saliera a la luz en una publicación de Tiempo, la joven apuntada usó su derecho a réplica y salió al cruce de los denunciantes. Se trata de Macarena Selene Cantero, la mujer que dice haber sido empleada judicial y que quedó en la mira de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, por haberse quedado supuestamente con semejante suma a través de engaños y con el pretexto de que los ayudaría a recuperar una casa en Rivadavia, que habían perdido en un remate.
Si bien la fiscalía sospecha que se quedó con 28 millones de pesos y también con 41 mil dólares, la mujer aseveró que la denuncia es falsa y por ello anticipó que, una vez que la Justicia demuestre que es inocente, irá con todo contra el matrimonio que la señala por la presunta defraudación. "Ellos me quedaron debiendo dinero y encima me denuncian", manifestó indignada.
En su relato de los hechos, la mujer que contó que renunció al Poder Judicial -luego de desempeñar tareas en el fuero penal- explicó que fue la hija de la pareja que la denunció, de apellido Atampiz, la que la contactó a través de las redes sociales para pedirle asesoramiento. Según ella, la chica -a la que identificó como Rocío- le pidió ayuda por sus conocimientos sobre el proceder judicial y, a partir de ese momento, tomó intervención.
Acorde la versión que ofreció, los padres de Rocío habían adquirido una casa mediante una sucesión. Sin embargo, no le pagaron los honorarios a la abogada que había trabajado para ellos y, por ello, el Estado le subastó el inmueble. En ese contexto, Cantero, que ya había entablado una relación de amistad con la hija del matrimonio, continuó asesorando de manera informal.
"Yo no soy abogada, nunca dije eso. Sólo quise cooperar cuando Rocío me consultó qué hacer. Ella se contactó conmigo desde el principio, quería saber qué camino tomar y por eso yo nunca cobré por nada", manifestó la joven que únicamente habría sugerido cómo actuar para comprar la vivienda que había sido rematada.
La misma indicó que el matrimonio se reunió con el empresario que había obtenido la casa en el remate y que acordaron comprarla, ya que ellos recibirían dinero del remate. La abogada había cobrado cerca de $6.000.000 en concepto de honorarios, intereses y actualizaciones, mientras que los $28.400.000 restantes debían ir a la cuenta de la señora Atampiz y su marido. "El libramiento del dinero ($28.400.000) se hizo a una cuenta de la denunciante, de un banco que ella creó la cuenta, yo nunca tuve intervención en eso", agregó.
Tras afirmar que ella no recibió el dinero del juzgado, aseguró que ella les prestó dinero a los padres de su amiga para que pudieran comprar la casa y así recuperarla, dado que los 28 millones que iban a recibir no eran suficientes. "Yo les presté 41.400 dólares. Ellos se comprometieron en que me iban a pagar una parte en dólares y la otra parte en pesos, que serían esos 28 millones del libramiento", detalló quien habría entregado sus ahorros.
Finalmente, según su versión, a pesar de que Atampiz recibió el depósito judicial, nunca pudo recomprar la casa porque el valor de la misma superaba la suma que había juntado con el supuesto préstamo de Cantero y el dinero del remate. Fue por ello que tras el intento frustrado, la denunciante le habría devuelto el dinero prestado. "Ellos se llevaron la plata de mi casa, tengo cámaras y esa es la prueba que voy a presentar", expresó y añadió: "Cuando me devolvieron la plata, me hizo la transferencia y todo quedó bien, eso fue en enero de este año".
Aunque no le habrían regresado toda la suma que ella había recibido, dada la diferencia que existe entre los 28 millones de pesos que recibió y los 41 mil dólares que dijo haber prestado, para Cantero estaba todo en orden puesto que, según aclaró, pretendía recibir en cuotas lo que faltaba. No obstante, no tuvo más contacto con la denunciante, su marido o su hija, puesto que la habrían bloqueado.
"Se mudaron de casa y no supe dónde encontrarlos porque siempre vinieron a mi casa, no sabía dónde estaban. Les había prestado dinero, me devolvieron una parte y no los vi más y ahora me denuncian, es el colmo", declaró.
El fiscal Guillermo Heredia indaga al respecto y por ello ordenó un allanamiento en la casa de la sospechosa, situada en Capital y no en Rawson, como había trascendido. Los hechos iniciaron en 2023 y continuaron hasta enero de 2025. Por el momento no se formaliza y la denunciada permanece en libertad.
A pesar de los dichos de la mujer y de haber sido vista en Flagrancia, desde el Poder Judicial aseguraron que la misma nunca trabajó allí. Desde la oficina de comunicación de la Justicia sanjuanina indicaron que no figura en la nómina de empleados judiciales. Por su parte, la denunciada manifestó que renunció a su cargo el año pasado.
