Esa diferencia de precios que terminó pagando el Estado Nacional, sumado a que las transferencias de los terrenos se hicieron en el mismo día o con poco tiempo de diferencia, es lo que llamó la atención de la UIF (Unidad de Información Financiera), quien envió el caso a la PROCELAC (Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación, desde donde se impulsó la investigación con la cual se solicitó información en el IPV (quien ejecutó el programa nacional en la provincia) y luego se allanó a las empresas.
Hasta ahora no hay ningún imputado. Falta que el fiscal federal general Francisco Maldonado termine de analizar la información incautada al IPV y a las 14 empresas, para lo cual tiene previsto pedir ayuda a profesionales de la Policía Federal o de la misma PROCELAC.
Según fuentes judiciales, cada uno de los propietarios de los terrenos adquiridos por los empresarios también deberá ir a dar explicaciones al Juzgado Federal.
EL MISMO DÍA
En primer lugar se publicarán las empresas que en un mismo día compraron un terreno a su dueño y se lo vendieron al IPV para la construcción de un barrio.
En ese lote está la diferencia más abultada entre lo que una empresa pagó al dueño de un terreno y luego vendió al IPV, la cual fue de 4,3 millones de pesos.
La empresa MAPAL S.A.C.I.A. compró un terreno en Chimbas a West S.A. el 18 de agosto de 2015 a 6,1 millones de pesos y ése mismo día se lo vendió al IPV en 10,4 millones de pesos.
La diferencia menos abultada en ese tipo de operaciones fue de 500.000 pesos. La UTE integrada por las empresas Guillermo Emilio Fernández, Milliar S.R.L. y Constructora Industrial S.R.L. compraron un terreno en Chimbas a Mercedes Padilla Quiles el 4 de agosto de 2015 en 1,8 millones de pesos y lo vendieron ése mismo día al IPV en 2,3 millones de pesos.
Otro que compró y vendió en el mismo día con diferencia de precio fue la empresa Perfil S.R.L., quien adquirió un terreno en Rawson a Francisco López por 4,8 millones de pesos y lo vendió al IPV en 6,8 millones de pesos. Eso ocurrió el 2 de febrero de 2015.
En declaraciones radiales, desde esa empresa dijeron que esa operación se debió a que en un mismo día se hizo la operación de escrituración, con la cual la empresa transfirió el terreno a su nombre y luego lo escrituró a nombre del IPV. La explicación que dan es que la propiedad había sido adquirida con anterioridad. Eso sería fácil de probar: con el boleto de compra-venta. Todo eso es materia de investigación de la Justicia Federal.
EL MISMO VENDEDOR
Quien también compró y vendió el mismo día, con una diferencia de precio en su favor, fue la empresa Terusi Construcciones S.A. Ocurrió el 2 de marzo de 2015, cuando le compró un terreno en Chimbas a Alfonso Rufino Martín por 1,7 millones de pesos y ése mismo día lo vendió al IPV en 5,1 millones de pesos.
En ese caso hay una situación única que incluye al vendedor: Alfonso Rufino Martín es el único que se repite en las 16 operaciones comerciales.
El 10 de julio de 2015 Alfonso Rufino Martín le vendió a la empresa Construcciones SCOP en 4,9 millones de pesos un terreno en Chimbas. Seis días después, Construcciones SCOP vendió esa propiedad al IPV en 7,1 millones de pesos.
La empresa DAZ Construcciones S.R.L. también está bajo sospecha por comprar y vender un terreno en un mismo día.
El 9 de abril de 2015 le pagó a Aurora Sánchez Martín y Manuela Sánchez Martín 1,5 millones de pesos por un terreno en Chimbas. Ése mismo día se lo vendió al IPV en 2,7 millones de pesos.
Esa operación también tiene la particularidad entre las investigadas que fue mediante una contratación directa y no una licitación.
DAZ Construcciones también compró y vendió el mismo día un terreno en Pocito. Eso pasó el 19 de mayo de 2015, cuando le pagó a Juan García 2,9 millones de pesos y ése mismo día lo vendió al IPV en 6,2 millones de pesos.
Finalmente, quien también compró y vendió el mismo día fue la UTE integrada por las empresas SAV Construcciones S.R.L. y ConstruÁridos S.A. Fue el 22 de agosto de 2015, cuando compraron a Eduardo Enrique Martín un terreno en Pocito por 1,5 millones de pesos y lo vendieron el mismo día al IPV en 2,3 millones de pesos.
LAS OTRAS OPERACIONES
A la UIF y a la PROCELAC también tienen bajo la lupa a otras que no compraron y vendieron con pocos días de diferencia, con una notable diferencia en su favor.
La empresa SIGMA S.A. le compró el 9 de diciembre de 2014 a Carlos Williams Brisson un terreno en Rawson por 4,7 millones de pesos. Y el 10 de diciembre, al otro día, lo vendió al IPV en 7,6 millones de pesos.
Esa misma empresa le compró a Francisco Juan Manrique Rodríguez un terreno en Pocito por un monto de 2,3 millones de pesos. Eso fue el 24 de febrero de 2015. Tres días después lo vendió al IPV en 5,9 millones de pesos.
Esos 3,6 millones de pesos son la segunda diferencia más abultada entre las 16 operaciones investigadas.
Valdivieso y Debandi S.R.L. también está siendo investigada por comprar un terreno en Chimbas a 2,2 millones de pesos y venderlo en 4,7 millones de pesos. La compra la hizo a Miguel Ángel Salguero el 14 de abril de 2015 y lo vendió al IPV dos días después.
DAZ Construcciones compró un terreno en Santa Lucía a 985.00 pesos el 15 de agosto de 2014 y lo vendió al IPV en 3,5 millones de pesos el 19 de mayo de 2015. En ese caso no se informó a quién le compró la empresa.
Dicon S.R.L. compró un terreno en Santa Lucía en 4 millones de pesos el 16 de junio de 2015 y lo vendió 16 de julio de 2015 al IPV en 7,2 millones de pesos. En ese caso los propietarios eran Esther Luisa Fernández, Claudia Beatriz López, Sergio Armando López, Jorge Alberto López, Héctor Javier López y Oscar Alfredo López.
La empresa Ingeniero Julio Nacusi Construcciones S.R.L. también está siendo investigada por comprar el 4 de marzo de 2015 un terreno en Rawson a Elida Inés Madrid en 350.00 pesos y venderlo al IPV el 18 de agosto en 2,5 millones de pesos.
