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SUSCRIBITETras estar dos días preso, Emanuel Rodríguez recuperó la libertad luego aceptar pena en un juicio abreviado. Este había ofrecido un revólver calibre 22 con municiones a 200.000 pesos.
Una veloz resolución judicial determinó el destino de Emanuel Alan Rodríguez (34), el efectivo del Servicio Penitenciario Provincial que había sido detenido el pasado 29 de mayo. Tras pasar apenas 48 horas tras las rejas, el agente aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y recuperó la libertad, aunque ahora carga con una condena en su legajo.
Todo comenzó cuando personal de la UFI Genérica y la Policía de San Juan detectaron una publicación sospechosa en un grupo de WhatsApp bautizado “venta de caballos 9 de julio”. Allí, Rodríguez no ofrecía equinos, sino algo mucho más peligroso: un revólver calibre .22 corto y cuatro municiones. El imputado promocionaba el armamento en las redes asegurando que se vendía “en muy buen estado” por un valor de $200.000.
Al percatarse de la maniobra ilegal, un efectivo de la Brigada Este actuó de encubierto. Se hizo pasar por un cliente interesado, entabló conversación con el vendedor y pactó un encuentro para concretar la transacción. La cita terminó siendo una trampa y Rodríguez fue detenido de manera flagrante en el lugar del hecho.
Frente al juez de Garantías Alberto Caballero, se resolvió el conflicto por la vía rápida del juicio abreviado. El agente penitenciario -quien desde noviembre del año pasado se encontraba apartado de sus funciones y en medio de un proceso administrativo para intentar volver a la fuerza- reconoció haber cometido el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.
El acuerdo fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Daniela Pringles, la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera de la UFI Genérica, junto a la abogada defensora del imputado, María Filomena Noriega.
A través de este pacto, se le dictó una pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional, lo que le permitió abandonar los calabozos de inmediato por ser una condena en suspenso. Además, se le impuso una multa económica de 1.000 pesos y se ordenó el decomiso definitivo del revólver y las balas.
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