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SUSCRIBITEUn depósito millonario por error en la cuenta de una mujer que esperaba una cuota alimentaria terminó en una causa penal contra seis personas. La Justicia les exige una fianza millonaria para evitar la cárcel, mientras la defensa denuncia que se trata de una familia humilde que actuó sin mala fe.
Pasó cerca de San Juan. Un insólito error administrativo del Gobierno de San Luis desató un drama judicial para Verónica Alejandra Acosta, una vecina de Villa Mercedes, y cinco de sus familiares. Acosta esperaba una transferencia de apenas $8.000 por una cuota alimentaria, pero su cuenta bancaria recibió, por equivocación, más de 500 millones de pesos.
Según su testimonio y el de su abogado, la suma fue de 510 millones, aunque otras fuentes hablan de 540 millones. Lo cierto es que este giro inesperado, originado por un error de un contador del Gobierno que luego denunció la equivocación, derivó en una imputación judicial para Acosta y cinco de sus allegados.
La Justicia los acusa de defraudación, retención indebida y fraude a la administración pública. Para evitar la detención, se les impuso una fianza de 30 millones de pesos a cada uno —un total de 180 millones— con un plazo de apenas tres días hábiles. La defensa calificó la medida como “exorbitante e imposible de cumplir” y ya apeló la decisión.
Verónica Acosta relató que al ver la millonaria cifra en su cuenta, pensó que se trataba de $500.000, no de millones. Con necesidades urgentes, comenzó a utilizar el dinero: compró alimentos, electrodomésticos, una heladera, cerámicos para su vivienda -que no tenía piso- y una mochila de inodoro. También adquirió dos televisores, uno de ellos para una cuñada.
Además, transfirió dinero a varios familiares. La fiscalía señaló que hubo 66 movimientos bancarios, aunque Acosta aclaró que fueron varias operaciones a los mismos destinatarios, la mayoría por montos de $500.000. Incluso transfirió $50.000 a una hermana que vive en Formosa.
Negó haber comprado sushi o un auto, como trascendió en algunos medios, y explicó que las bicicletas mencionadas no fueron adquiridas por ella, sino por su cuñada en cuotas con Tarjeta Naranja.
Acosta insistió en que jamás fue notificada de un posible error ni de la obligación de devolver el dinero. La cuenta fue congelada y su vivienda allanada sin previo aviso. Recién entonces, tras ver una noticia que le compartió una excuñada, comprendió la magnitud de lo que había ocurrido.
El abogado defensor aseguró que sus representados “no son delincuentes ni una red de estafadores”, sino “personas humildes, sin antecedentes y con domicilio fijo”. Cuestionó el accionar judicial, al considerar que se está intentando responsabilizar penalmente a quienes simplemente fueron víctimas de un error estatal.
“La fianza que impusieron es inalcanzable para cualquier ciudadano común”, dijo, y comparó la medida con los privilegios judiciales que, según él, suelen gozar figuras de mayor poder económico o político. “A ellos los tratan como criminales, cuando el error no fue suyo”, agregó.
Mientras se espera una resolución sobre la apelación, las familias involucradas —que incluyen menores, personas con discapacidad y situaciones de vulnerabilidad— viven con la incertidumbre de una posible vuelta a prisión.
“Solo queríamos resolver necesidades urgentes. No sabíamos que esa plata era del Gobierno”, expresó Acosta en una entrevista. “Ahora nos tratan como ladrones, pero nosotros no causamos este problema”.