Las huellas de un juez duro en un escándalo profundo- Por Sebastián Saharrea

Por Sebastián Saharrea

Hace muy poco que Benito Ortiz es juez de instrucción. Y en ese poco tiempo ya se las arregló para ganarse fama de duro, que no es intransigente, le pese a quien le pese: convengamos que para quienes se toman el trabajo a pecho no les resulta difícil contrastar con la medianía cartesiana y puntual que a la una deja desierto a Tribunales.

Ortiz tiene a su cargo recolectar pruebas en varios de los hechos policiales más conmocionantes para la sociedad en los últimos tiempos: la incomprensible muerte del pequeño Ariel, desaparecido y encontrado en estado de putrefacción en una heladera al lado de su casa; el salvaje crimen de María Cristina Olivares, masacrada por 140 puñaladas; o la dolorosa golpiza a Camilia, la niña del caso por el que fue procesada hasta su propia madre.

Pero no fue hasta que tomó las riendas del mayor escándalo de la historia reciente, el saqueo
a las arcas públicas con las expropiaciones infladas, que no se pudo medir de qué estaba hecho. Estará allí apenas un tiempo, lo que dure el concurso para cubrir la vacante del 5º juzgado dejado por la jubilada María Inés Rosellot. Pero en apenas un mes y monedas, tuvo tiempo para leer los más de 12 tomos del expediente durante los fines de semana y producir un par de sacudones que dejarán tela para cortar. En especial esta semana: cruzó sables con el fiscal Carlos Rodríguez sobre si corresponde o no que éste último se aparte, y produjo al final la indagatoria a Horacio Alday que venía demorada porque el abogado ex socio de Graffigna se había ausentado de los lugares que solía frecuentar y dijo haber estado “en el manto de la Virgen” (textual).

Vamos por partes. El primero de esos episodios, el intercambio de opiniones y hasta de alguna palabra subida de tono en los pasillos de Tribunales como pocas veces se vieron, tiene que ver con una pelea por no seguir. Aunque parezca increíble, lo que el fiscal reclamó a los gritos y amenazando incluso con pedir la nulidad de la causa, es decir que se cayera todo lo que viene, es que no puede seguir trabajando porque saltó el nombre de un amigo suyo. Se llama Carlos Infante, nombrado desde hace tiempo en uno de los expedientes que integra el escándalo llamado “Suraty” (le compraron los derechos a una entidad benéfica por monedas y al mes y medio cobraron más de un millón) pero esta semana fue convocado por el juez Ortiz a prestar declaración informativa.

Eso hizo que Rodríguez saltara de inmediato a solicitar su apartamiento, y allí es donde se encontró de frente con el juez. Ortiz le denegó esta semana la inhibición, y le señaló a Rodríguez que su argumento de amistad con el nuevo protagonista no es válido porque Infante no fue indagado como sospechoso, aún. Y citó el caso de otros fiscales que por motivos surtidos dejaron o pretendieron dejar la investigación y él mismo se opuso: Fabricio Médici, cuya hermana trabajó en el juzgado de Macchi donde ocurrió parte de la maniobra, o María Teresa Ravetti de Ramet, quien por esas vueltas de la vida podría llegar a ser la reemplazante de Rodríguez.

Para qué, ardió Troya. Cuentan en Tribunales que Rodríguez se cruzó fuerte con Eduardo Quattropani, a las postres su jefe, y con el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis. Entiende que hay alguna operación en su contra para obligarlo a quedarse, sin beneficio aparente para alguna de las partes.

Se lo escuchó a Rodríguez decir que citaron a Infante sabiendo de amistad para sacarlo a él de encima, y ahora no lo quieren dejar ir. Pero entre las otras miles de interpretaciones echadas a rodar, hay quienes entienden que con la citación Infante fue el propio Rodríguez el que quiso aprovechar para sacarse una brasa caliente de las manos: la investigación que nadie quiere llevar adelante. Y se encontró de frente con un duro que ya había confrontado con varios magistrados y fiscales que buscaron la puerta de salida.

También están los que piensan que al juez le pasó lo mismo que a tantos otros. A medida que fue leyendo el expediente se fue espantando de lo que iba apareciendo, e iba redoblando las medidas en función de eso. Le pasó con Mulet, a quien le convirtió la declaración informativa en indagatoria, y con el propio Infante, a quien según esta interpretación convocó por lo que iba leyendo. No es el primero a quien le pasa.

El otro episodio fuerte que tuvo que atravesar Ortiz fue la postergada indagatoria de Alday, la última de todos los sospechosos, en este caso por fuerza mayor: el hombre desapareció en plena barrida. Alday fue socio de Graffigna y está sospechado por su relación con los expedientes y con su ex socio, con quien tuvo luego de disolver la sociedad un contacto al menos curioso.

Fue cuando Graffigna llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Estado, entonces en manos del procesado Mario Díaz, para que se le pagara un remante de $10 millones por los pagos de una veredita de 1.500 m2, por la cual se iban a abonar la vergonzosa suma de $23 millones. En ese convenio de mayo de 2010 –justo antes de la presentación de la denuncia de la magacausa frenara los pagos- hay varias particularidades: el anzuelo de una “cesión” del 25% al Estado en signo de generosidad, y de otro 25% (es decir unos $2,5 millones que salían de la veredita) a un abogado de apellido Alonso que venía como gestor de negocios.

¿Cómo gestor de quien venía Alonso? Él mismo dijo que lo hacía como representante de un señor de apellido Parra, finalmente se supo que a Parra le aprobada la operación nada menos que Horacio Alday. Es decir que en una punta de la historia estaba Graffigna y de la otra estaba Alday, los ex socios.

Luego Alday dijo que en realidad lo hizo así porque estaba peleado con Graffigna y no podía cobrarle por unos honorarios de la época en que estaban juntos si no era poniendo a otra persona como dueño de ese dinero. Pero resulta que el juez Ortiz le frunció la nariz porque no le cierran los tiempos: el convenio que presentaron Parra, Alonso y Alday entre ellos para hacerlo es de diciembre del 2010, cuando ya se estaba por pagar la última cuota. Y Parra mismo había dicho en la causa que a él lo buscaron cuando ya estaba todo firmado con la Fiscalía. Eso es lo que alimenta las sospechas del juez sobre la presencia o no de Alday a lo largo de varios episodios de este escándalo, más allá de haberse separado de Graffigna.

Habrá que ver si llega con el tiempo para resolver si lo procesa o no. Dependerá de la velocidad con que designen al reemplazante de Rosellot, que podría ser alrededor de setiembre. Al menos, las preguntas de Ortiz en este demorado trámite fueron punzantes. Tanto que, en vistas de lo que se viene, no faltan los que esperan que la designación se demore un poquito para que se mantenga el reemplazo temporal de Ortiz.

Y lo que se viene no es menor. La posible indagatoria al ex juez Carlos Macchi, si es que el fiscal termina acusándolo y incorporándolo a la megacausa. Y si es que consiguen fiscal.

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Las huellas de un juez duro en un escándalo profundo- Por Sebastián Saharrea

Apenas de paso por la causa, ya tomó medidas que dejarán una estela en el futuro. El fiscal que se encontró con tosca. Y los secretos del esperado paso de Alday. Detalles de una pelea insólita.

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