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SUSCRIBITE En la noche del viernes el Gobierno nacional remitió al Congreso tres proyectos de ley; entre los tres el Gobierno aspira a reformar tres diferentes aspectos de las relaciones laborales. Son temas que estaban incluidos en el proyecto de ley de reforma laboral , cuyo tratamiento fracasó a fines del año pasado.
Los tres proyectos son el de Blanqueo Laboral, el de Agencia de Evaluación de Tecnologías de la Salud y el de Formación Laboral.
En el primero se incluye una cláusula que será polémica porque delimita el cálculo de las indemnizaciones: “Ante la extinción de una relación laboral, el empleador deberá abonar una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio tomando como base la mejor remuneración mensual del último año”, dice el texto remitido al Senado.
Es decir, se excluye del cómputo el aguinaldo y otras compensaciones incluidas en el salario y que suelen ser tenidas en cuenta a la hora de calcular las indemnizaciones.
Según sostienen desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, ese párrafo delimita claramente qué incluye la compensación por despido, con el objetivo de evitar discrecionalidad en el cómputo, que muchas veces genera distorsiones e imprevisibilidad a la hora de tomar nuevos trabajadores, sobre todo para las pymes.
El Senado tiene previsto abrir el debate en comisión de las tres iniciativas en los próximos días. Los tres serían girados a la comisión de Trabajo una vez que se registre su ingreso formal a la mesa de entradas de la Cámara, en el transcurso de la próxima semana.
El primero de los proyectos se refiere a la regularización del trabajador no registrado así como a la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral.
En el texto se propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados.
El proyecto plantea que las relaciones laborales deberán efectivizarse en el primer año a partir de la reglamentación de la ley.
Quienes las blanqueen en los primeros seis meses de vigencia gozarán de un descuento del 100% de las multas que les correspondieren, los que lo hagan entre los seis meses y el año, tendrán un descuento del 70%.
El proyecto indica que “podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial”.
En tanto que el demandado “se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos”.
También se prevé la condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social.
Por su parte, al trabajador se le reconocerán cinco años de aportes y pasará a tener un empleo registrado.
En este proyecto también se incluye la creación de un fondo de cese laboral, que debe ser acordado con los gremios en convenio colectivo.
El empleador sostiene con un aporte obligatorio mensual a dicho fondo y debe informar al trabajador periódicamente el estado del mismo.
En el caso de la extinción de una relación laboral en la actividad, el trabajador recibirá la indemnización a través de dicho fondo. Esta modalidad es utilizada en el sector de la construcción.
El segundo de los proyectos establece la creación del Sistema de Prácticas Formativas, es decir la viejas pasantías, para los estudiantes y graduados de la Educación Superior. También alcanza a los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.
En todos los casos serán alcanzados los mayores de 18 años y deberán cumplirse en empresas o instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales aún cuando adopten la forma de cooperativas.
La duración y la carga horaria de las prácticas formativas se definirán en los Convenios Colectivos de Trabajo y en particular en el convenio de Práctica Formativa, en función de las características y complejidad de las actividades a desarrollar con un máximo de hasta 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales.
La iniciativa propone que “los practicantes reciban una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo”.
Esta asignación se calculará tomando como referencia el salario básico neto de convenio aplicable a la empresa y será proporcional a la carga horaria de la práctica formativa.
El último de los proyectos de ley se crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.
Este proyecto reconoce un antecedente de julio de 2016 y que ahora vuelve a aparecer reformulado; según indican en el Ministerio de Trabajo de la Nación, no es el mismo proyecto, sino que hubo diálogo con los sindicatos y esperan que haya más modificaciones en el debate del Congreso.
Un proyecto que vuelve consensuado con gremios
Según sostienen en el Ministerio de Trabajo, todos los proyectos son parte de otras iniciativas y que vuelven al debate con una vuelta de tuerca dada en el diálogo con los gremios. En principio son dos proyectos los antecedentes de las tres iniciativas que llegaron el viernes al Senado. Uno es la reforma laboral alumbrada en 2017 y el otro es el de creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud (Agnet).
Este último proyecto parece fuera de lugar en el debate de reforma laboral, pero aparece en el menú como parte de la negociación con gremios: las obras sociales sindicales son las que pagan las prestaciones de la salud.
La competencia de la Agnet refiere a la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio.
Tres proyectos
De blanqueo laboral
Se trata de la iniciativa para facilitar el registro de trabajadores en negro. Elimina multas y juicios a cambio de la registración. Modifica el cálculo de indemnizaciones al eliminar algunos ítems salariales.
Sistema de prácticas formativas
Más conocidas como pasantías. Podrán durar hasta 12 meses y hasta 30 horas semanales. Los pasantes deben tener más de 18 años.
Agencia de evaluación de tecnologías de la salud
Cuando esté en funcionamiento, podrá modificar el programa médico obligatorio (PMO).
Fuente: Los Andes