La industria vitivinícola busca salir del amesetamiento de los últimos años y volver a crecer. El terreno que fue ganando la cerveza por sobre el vino, sumado a las dificultades impositivas, cambiarias y de marketing, comenzó a hacer reaccionar al sector y el eslabón más débil de la cadena productiva también pelea para poder avanzar. En el medio de este contexto, un legislador nacional justicialista por Mendoza presentó en el Congreso un proyecto de ley para que se prohíba durante una década la importación de vinos a granel.
La iniciativa fue elevada la semana pasada a la Cámara de Diputados por Omar Félix, titular del PJ mendocino, quien apunta a tomar medidas de "protección, promoción y mejoramiento de la vid". En diálogo con LA NACION el sanrafaelino dejó en claro que su proyecto busca disparar el debate en torno a la necesidad de que "a toda la cadena productiva le vaya bien". El legislador dijo, también, que no le gusta ver vinos en las góndolas locales con la etiqueta de otro país, como Chile. Y señaló: "Es un cachetazo al orgullo mendocino".
"Cuando hay excedentes vínicos la uva no vale para el productor porque hay demasiado stock. Cuando no hay excedentes, traemos vino de afuera. En definitiva para el productor la ley de la oferta y la demanda no funciona, está anulada. La realidad es que no se toman los recaudos, ni se inician las políticas para que esto no pase", indicó Félix, quien destaca la importancia que tiene el país en la producción de Latinoamérica: ocupa el primer lugar en la región y el quinto en el mundo, detrás de Francia, Italia, España y Estados Unidos.
Por tal motivo, el exintendente de San Rafael propone, entre otras acciones, optimizar los sistemas de riego, facilitar la colocación de mallas antigranizos, mecanizar las áreas de producción, controlar de manera integral las plagas y realizar tratamientos posteriores a la cosecha. Al mismo tiempo, aspira a que haya mayor acceso crediticio e incentivos impositivos para los productores. Además, busca que todos los programas de financiamiento nacionales y externos estén centralizados, con tasas de interés subsidiadas en 25% y con un plazo de gracias de 24 meses.
Y agregó: "Desde los sectores industrializadores se piensa en la rentabilidad del sector y no en el cuidado de toda la cadena productiva. Los vinos que se han importado están por debajo de los estándares de calidad que se solicita en la Argentina, por lo que esto, también, atenta contra el mercado. Por eso, queremos que esta iniciativa sirva para generar el debate que se necesita para que la cadena no se corte por el eslabón más débil, para que haya un criterio de solidaridad".
Así como el legislador recibió avales políticos y del sector, sobre todo de los viñateros, las críticas a su propuesta también aparecieron. En las redes sociales hubo quienes salieron a cuestionarlo, sobre todo porque nada garantiza que, con esa medida, la industria mejorará los precios al consumidor y la situación de los viñateros locales. De todas maneras, se espera que la iniciativa sea llevada al recinto para su tratamiento.
Esta idea comenzó a tomar forma durante la campaña electoral del año pasado. En los actos proselitistas, el ahora legislador nacional, hizo referencia a este proyecto y mostró que la importación de vino en la primera parte del 2017 fue un 90% superior a la efectuada entre los años 2011 y 2016. "Es necesario frenar la importación del vino para que Mendoza vuelva a crecer", decía uno de los spots. Ahora, la propuesta ha sido materializada en un proyecto de ley que ingresó a la Casa de las Leyes de la Nación.
(La Nación)
