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“Con esta ley, la responsabilidad de este tipo de inmuebles, las tierras fiscales rurales, dentro de la organización del Estado, es del Ministerio de la Producción, con la idea u obligación del relevamiento que permita un ordenamiento para planificar cómo se utilizan hacia adelante”, explicó el diputado oficialista Leonardo Gioja sobre la norma de utilización de tierras fiscales rurales y colonias que se aprobó hoy en la primera sesión extraordinaria del año.
“Esto surgió porque parecía tener ciertas competencias divididas entre Hacienda y Producción, entonces se pone la administración en Producción”, aclaró. En el fondo, se persigue desarrollar el perfil agroproductivo de la provincia.
“La idea es maximizar el potencial productivo de las tierras fiscales, en la medida que el clima y fundamentalmente el recurso del agua lo permitan. Se presentan situaciones con ocupantes y otras que fueron entregadas hacen décadas por lo que es necesaria la regulación dominial”, expresó. La ley da 180 días desde la publicación de la norma para que todo poseedor o adjudicatario de tierras y colonias fiscales rurales que no haya regularizado su situación dominial a hacerlo. En caso contrario, una vez vencido ese plazo, el Estado podrá disponer de las tierras con el objeto de desarrollar su aprovechamiento en interés de la comunidad.