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Por Sebastián Saharrea
Por fin Julián Gil, el inclasificable intendente de Caucete, dio en el clavo en alguna de sus entreveradas apariciones: apoyó sin dobleces la instalación de una feria Saladita style, se ganó la furia comercial de su departamento, pero también la aprobación general de un público al que lo único que le importa –especialmente en estos días- es comprar más barato.
Trece puntos porcentuales son los que separan el apoyo del rechazo de la gente consultada por Tiempo de San Juan sobre este tipo de ferias: 56% a favor contra 43% en contra. Y si se pregunta a la gente si compra o no en este tipo de ferias, más allá de apoyarlas o cuestionarlas, el respaldo es tan contundente como una goleada por 9 a 1. Números a la vista, por primera vez Gil se encolumna del lado de la opinión pública favorable, luego de sus traspiés iniciales con la designación de sus hijos casi adolescentes en cargos centrales, o la suba de sueldos.
Del otro lado del mostrador están las quejas del sector comercial, muchas de ellas razonables y otras tantas disparatadas, todas inspiradas en una suerte de ansiedad por el freno que viene mostrando el consumo por razones evidentes como el ritmo inflacionario que no se condice con el de los sueldos, o el tarifazo eléctrico que deja menos margen para gastar.
Las razonables fueron defendidas por los invitados al debate de Paren las Rotativas el fin de semana pasado para hablar de estos comercios informales y su competencia con los encuadrados: el ex intendente caucetero Juan Elizondo, el gremialista del SEC Raúl Ávila o subsecretario de Trabajo Roberto Correa Esbry.
Está la lógica de que una competencia desleal como una saladita, que es el imperio de la informalidad, que conjuga la evasión de todo tipo de impuesto o tasas municipales con la precarización del trabajo y hasta condiciones de funcionamiento impresentables o explotación laboral.
No pagan la habilitación municipal, menos IVA o Ganancias, tienen empleados en negro, compran mercadería confeccionada en talleres clandestinos, disponen de locales de nylon, encima son itinerantes porque se llevan la crema del efectivo de cada plaza y luego se van, entre otras delicias. Queda claro que se trata de una competencia desleal por donde se lo mire contra el que sí cumple. Y allí está justamente el asunto.
Tienen razón los que reclaman. Pero a todos esos argumentos conviene ponerlos bajo fuego, para ser absolutamente justos. Los petardea Julián Gil –también invitado a Paren, los domingos por Telesol, aunque declinó la posibilidad de estar presente- señalando que su autorización opera con límite de tiempo y que las tasas municipales sí fueron abonadas de igual forma que el resto de los comerciantes de Caucete. Descartado ese factor, opera entonces el resto de las quejas que conviene ir desgranando.
A la calidad de estos locales itinerantes que venden mercadería trucha y que compite con la legal conviene sopesarla con una pregunta incómoda: ¿cuál es la diferencia entre estas "saladitas” como la instalada en Caucete con las decenas de ferias habilitadas en lugares céntricos, como en plana Capital sobre la calla Rioja o la calle Laprida?
Nadie pudo describir alguna diferencia notoria más allá de matices, entre éstas ferias nómades y las ya asentadas en pleno nudo céntrico: todos venden la misma mercadería de dudosa procedencia, en todos lados los requisitos de habilitación están a kilómetros de distancia, todos compiten deslealmente con el comerciante instalado y tradicional. Pero a uno lo lapidan o al otro no.
Más preguntas de respuesta incómoda. Así como las "saladitas” son el imperio de la informalidad impositiva y una factura de compra sería algo así como un imposible, ¿no existen también, y con efecto en amplia expansión, comercios hechos y derechos que también compran sus productos en circuitos informales y venden sin registro, aunque sus dueños ocupen sillones en los centros comerciales que señalan con el dedo al prójimo?
La respuesta a esta pregunta habla de cierta doble moral, con dosis de falta de autocrítica. Hacia nadie en particular sino como conjunto: soñamos con parecernos ya no a Suecia sino a Chile, pero se suele pasar por alto que del otro lado de la cordillera entregan tickets fiscal hasta para los centavos que cuesta pasar al baño.
Pasemos luego a las graves denuncias que pesan sobre las explotaciones laborales que suelen producirse en la producción de esas prendas baratas, un verdadero flagelo de carácter inadmisible que somete a familias enteras a una semiexclavitud insólita en estos tiempos. Y efectivamente es así, aunque para ser estrictos habría que desacoplarle el condimento de clase: ocurre tanto en costureros para la producción en masa que se consume en La Salada como para las grandes marcas, algunas de ellas que venden esas mismas prendas en reconocidas marcas para niños, de campañas publicitarias sofisticadas.
Y si el que compra convalida esas condiciones lamentables de producción, habría que replantearse costumbres de compra que hacen que los productos de China, Taiwán o Corea –ya sea ropa o electrónica- entren a precios insólitos porque se produce en "otras” condiciones, por llamarle así. El mundo entero lo sabe, ¿alguien corrije su conducta personal?
Llegamos al otro condimento que salpimenta este guiso: los puestos de trabajo registrados. Está claro que, si hay algo que defender, son los trabajos en blanco que puede ofrecer el comercio tradicional establecido. Por razones obvias: estabilidad, beneficios, vacaciones, obra social, gremio, recreación, larguísimos etcéteras. Y está claro también que hay ocasiones en que esa estructura gremial que debe funcionar como garantía para que eso se cumpla, a veces patea para el otro lado.
Es el caso actual, en el que el gremio –en este caso el SEC- opera como un salvavidas de plomo que no hace otra cosa que empeorar las cosas. Porque en tiempos como el actual, en que el circulante decrece a medida que más se ajusta y recrudece esta competencia desleal que ocupa estas líneas, el gremio coloca a los comerciantes como la mortadela de sándwich y los presiona por el otro lado. En el último acuerdo de paritaria, los comerciantes de San Juan debieron convalidar un aumento de los sueldos del 22% para los primeros 6 meses del año, conociendo perfectamente que la gran mayoría de ellos no están en condiciones de afrontar semejante incremento.
Y ante esa disyuntiva, ocurre lo La Rueca. Un reconocido comercio sanjuanino que supo brillar con luz propia como uno de los de mayor facturación en el comercio local por décadas, caído en desgracia y en una quiebra que no sorprendió a nadie y hasta reconoce otros motivos. Pero simboliza las angustias de cientos, miles de comerciantes que sienten que los que lo tienen que defender le empeoran las cosas.
Admitió Ávila que hay algunos que pueden cumplir con el incremento del 22% y otros que no, y hasta convalida por lo bajo que la mayoría –los más chicos- están complicados, aunque haya 4 o 5 -así contados con los dedos de una mano- que tienen más espalda y pueden adecuarse.
El resto, al arco. Y el riesgo de cierre que suma un nuevo factor en la presión gremial, más los que ya hay: saladitas, manteros y un flagelo por el cual no hay quien no se queje, que es el valor de locura que están alcanzando los alquileres. Que al estar concentrados en pocas manos, generan un efecto difícil de corregir.
Si la pretensión es un tablero sin saladitas y sin Ruecas, lo mejor será revisar las acciones propias antes que las ajenas. Lo único que falta es que se nos prohíba viajar a Chile a comprar las mismas prendas que de este lado de la cordillera cuestan el triple.
Y nos señala que, en algún punto, alguien nos está robando . Como para que a la gente no le importe otra cosa que comprar barato.
