El Gobierno de Mauricio Macri analiza dar de baja el decreto 1191 del 2012, promulgado por Cristina Kirchner, que establece que los ministros, secretarios de Estado y principales funcionarios de la administración pública están obligados a contratar a Aerolíneas Argentinas para viajes oficiales.
Por estas horas, según publicó Infobae, en Casa Rosada no descartan la revocación de la norma a través de un decreto presidencial, aunque explican que no haría falta un decreto del Presidente para echar por tierra aquella resolución de la expresidenta.
"Lo vamos a cambiar sí o sí", afirmaron fuentes oficiales. De esta manera, el Gobierno abriría la compra de tickets para los viajes oficiales de los funcionarios a otras aerolíneas privadas. Así, bajarían el costo por comisiones y agilizarían aquellos viajes que la aerolínea de bandera no cubre directamente.
"Hoy somos rehenes de Aerolíneas", dicen. En los primeros meses de gestión, las quejas por la complejidad de los viajes en una decena de fuentes de diversas dependencias consultadas para esta nota se multiplicaron: escalas innecesarias para destinos directos en los que la aerolínea estatal o no cubría directamente o no tenía disponibilidad para la fecha requerida.