El derrame, a la justicia: pasaron los testigos, empiezan los imputados

En la primera tanda, a lo largo de la semana, fueron 10 empleados que están en contacto con los mecanismos que fallaron en el derrame. Todos ellos tienen distintos grados de responsabilidad dentro del sistema o directamente no las tienen pero sí tienen sus funciones cerca y por eso pueden atestiguar. Por esa razón el juez les tomó declaración testimonial, en condición de testigos, en la cual no pueden mentir pero no están bajo sospecha.

Para la semana entrante quedó el resto. El juez Oritja explicó el jueves en radio Antena 1 que son nueve y serán indagados, por lo tanto irán a dar su versión en condición de sospechosos y con asistencia letrada que ejercen los abogados Rolando Lozano y Fernando Rahmé.

La lista de los requeridos como sospechosos está encabezada por los dos máximos responsables de la operación de la mina, el gerente Antonio Adames y el gerente de operaciones Wilson Pizarro. Junto a ellos hay otros 7 empleados del proyecto que, de acuerdo con la primera impresión del juez, pueden tener alguna clase de responsabilidad en el incidente ambiental.

Inicialmente, el requerimiento de la fiscal Graciela Del Pie –quien trabaja en esta causa junto a sus colegas fiscales Fabrizio Médici, Daniel Guillén y Gustavo Manini- es por el delito de contaminación previsto en la ley 24.051. Esa ley establece una escala de penalidades para los casos de delitos contra el medio ambiente que se inicia con los casos culposos –es decir los accidentales- y se eleva con los dolosos, que son cuando se establece intencionalidad de ocasionar el daño. Hasta llegar a una contaminación dolosa seguida de muerte –no es este el caso, tampoco hubo daño comprobado- en el que el mínimo de la pena es superior a los 3 años y por lo tanto corresponde prisión.