-La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia propinó un duro golpe a los ambientalistas locales y regionales que soñaron judicializar la minería en la máxima jurisdicción. Se declaró incompetente originaria para el caso Roberto Ramón Flores Núñez contra provincia de San Juan y otros. Este ciudadano riojano, patrocinado por el abogado sanjuanino militante del GEN, Diego Seguí, pretendía una intervención del más alto tribunal salteando los tribunales locales por entender que podía haber daño ambiental “interjurisdiccional” si se contaminaban los desagües superficiales o subterráneos de los cursos de agua del emprendimiento Gualcamayo afectando a varias provincias. La Corte, en un fallo unánime, no sólo negó que le corresponda entender en instancia directa en este caso sino que estableció con precisión cuáles son las condiciones que cualquier peticionante debe acreditar para pedir esa competencia originaria. La más saliente, que el interesado debe probar y no sólo declamar, como posible, el daño ambiental en varios Estados.
domingo 5 de abril 2026





