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SUSCRIBITE Este miércoles al mediodía, la mujer que quemó a su ex en medio de una violenta disputa en la vía pública se presentó en Tribunales y, previo a ser imputada, la fiscalía pidió una junta médica para constatar si está en su sano juicio o no. Es que tiene la sospecha de que podría ser inimputable por sus antecedentes psiquiátricos y su historia clínica.
S.F, cuya identidad se resguarda dada la sospecha de su condición mental, quebró en llanto en dos oportunidades durante la audiencia. Si bien guardó silencio, se la observó conmovida frente a los pedidos de la querella que pretendía que quedara presa y que fuera excluida de su hogar.
Sin embargo, la defensa -representada por Gustavo De la Fuente y Laura Núñez- se opuso a ello y, en coincidencia con el Ministerio Público, pidió la libertad con las reservas de no acercarse al denunciante. La fiscal Claudia Ruíz, acompañada por la ayudante Silvina Zogbe, solicitó como medida de coerción la prohibición de acercamiento como así también la promesa de someterse al proceso judicial que la tiene en la mira.
A pesar de que se celebró el control de detención, por el que no se presentaron objeciones algunas, no se concretó la formalización de la causa. Así lo resolvió el juez de Garantías Javier Figuerola, quien ordenó la junta interdisciplinaria para la denunciada por el delito de lesiones leves agravadas.
Si bien la defensa aludió al informe del médico legista que la observó, que sostuvo que la paciente no se encontraba orientada en tiempo y espacio, la parte querellante del caso, encarnada por José Alejandro Rivero y Silvina Genaro, aseguró que los profesionales que la asistieron indicaron que al momento del ataque se hallaba lúcida. "Eso nos hace presumir que fue plenamente capaz de comprender la responsabilidad de sus actos y de dirigir sus acciones", señaló el abogado que también pidió la prisión preventiva.
Finalmente, el juez que rechazó la preventiva resolvió que un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social la analicen y definan si están en sus cabales o no. A pedido del Ministerio Público, estudiarán sus cuáles son sus funciones psíquicas, si tiene un tratamiento, si puede dirigir sus acciones y si es un peligro para sí y terceros.
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