El cambio del antiguo "día de la raza” por el "día del respeto a la diversidad cultural” a partir del año 2010 parece que aún sigue atado a esta dificultad que como sociedad tenemos para recordar y nombrar el horror. Se trata de matriz colonial por la cual se nos sigue imponiendo la idea de que los hechos del pasado fueron los cimientos necesarios para fundar el orden civilizatorio actual, que la independencia de la colonia española puso fin al yugo de la población y que la nación emergió como un estado de reconciliación con la herencia europea. No obstante, la historia contada sobre las memorias del dolor de nuestros pueblos y la información disponible en los archivos del Estado dan cuenta de que el Estado Nacional argentino fue fundado sobre el exterminio de las diversidades culturales que hoy pretende recordar y homenajear. El genocidio iniciado en 1492 no tuvo fin y por tanto nunca concluyó puesto que se siguió perfeccionando dentro de estados nacionales latinoamericanos que, como Argentina, emergen como resultado de un "terror étnico”, del "pánico a la diversidad”, dentro de una matriz racista que aún subsiste como clave de orden social, político y económico.
Lo que no se reconoce es la propiedad del empleo del término genocidio para hablar de las campañas militares que el Ejército argentino dirigió contra la población civil indígena en el siglo XIX en Patagonia y hasta comienzos del XX en el Gran Chaco. En Cuyo, los archivos muestran que alrededor de 1862 los gobiernos de San Juan y Mendoza enviaron tres expediciones a "pacificar” la zona de las lagunas amedrentando a su población e intentando relocalizarla hacia el sur de Mendoza. El mismo Domingo F. Sarmiento comandó la segunda de estas campañas de incursión militar que tuvo como resultado el fusilamiento de varias personas sindicadas como bandidos aliados de las montoneras caudillas. La masacre de Napalpí ocurrida en 1924, donde más de cuatrocientos indígenas que realizaron una huelga para mejorar sus condiciones de vida y trabajo en la reducción Napalpí, provincia de Chaco, fueron asesinados a manos de la policía enviada por el Gobernador Centeno, es otro de los actos del terrorismo de Estado más atroces cometidos en nuestro país, y es testimonio que los genocidios modernos no fueron iniciados en las dictaduras de la historia reciente, sino que se encuentran en el origen mismo del Estado nacional argentino.
Desde 1948 las Naciones Unidades definen el genocidio como aquellos crímenes en los cuales se puede establecer una intencionalidad de destruir a un pueblo. En este sentido en este siglo XXI seguimos asistiendo a genocidios imperceptibles (y a veces no tanto) que suceden aún en tiempos de paz y en el marco de democracias político liberales. La situación diaria de atropellos de pueblos y comunidades afectadas por la mega-minería, el fracking, los agro-negocios, turismo y la concentración inmobiliaria, y las planificaciones del nuevo ordenamiento territorial sudamericano (IIRSA) asociadas directamente a un distribución desigual de los recursos y territorios resguardados para la inversión de capitales privados en la región, son las nuevas modalidades de este genocidio silencioso recayendo de forma más drástica contra aquellos pueblos históricamente atravesados por la historia de despojo y dolor iniciada en 1492 y profundizada durante doscientos años historia nacional.
Acerca de las comunidades indígenas en San Juan
En el territorio provincial actualmente existen más de una decena de comunidades indígenas organizadas y en proceso de organización jurídica, ellas se ubican en lugares del sur, norte, este y oeste del antiguo territorio del Cuyum, y adscriben en su mayoría a etnias warpes, diaguitas y en menor medida capayanas y yacampis. Estas nuevas organizaciones indígenas responden a un formado definido por la ley nacional 23.302 y en razón de la reforma constitucional argentina del año 1994, en el art. 75 inc. 17, en donde por primera vez el Estado Argentino, entre otras cosas, reconoció la "preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que estos procesos recientes de organizaciones comunitarias indígenas, habilitadas y respaldadas por las reformas legislativas del Estado, y amparadas en convenios y tratados internacional tales como el Convenio 169 de la OIT del año 1989 o la Declaración de las Naciones Unidades sobre los derechos de los pueblos indígenas del 2007, son resultado de la militancia indígena y de una coyuntura relacional mayor que no puede ser reducida a un proceso lineal de causas y efectos, pero que en términos generales es un correlato –no demasiado atendido en estos términos- de la exponencial desposesión territorial, producto de políticas y modelos de acumulación y desarrollo ejecutados a nivel local y global.
La política pública acerca de la diversidad cultural
Y a pesar de este nuevo escenario de avances legislativos en materia del derecho indígena San Juan sigue siendo una de las provincias más postergadas en esta materia. Hasta no hace mucho la provincia desconocía las personerías jurídicas obtenidas por las comunidades a través del INAI. Recordemos el emblemático caso vivido por las Comunidades Salvador Talquenca y Clara Rosa Guanquinchay a quienes se intentó desalojar en reiteradas oportunidades. Ello motivó una histórica marcha realizada el 20 de agosto de 2014 por las calles de la ciudad de San Juan con más de 500 manifestantes indígenas y de organizaciones sociales y políticas en apoyo. En estos conflictos, la Comunidad Salvador Talquenca obtuvo un fallo judicial inédito para la provincia, donde se interpuso su derecho reconocido por la ley nacional 26.160 de "emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.
Otro aspecto que denota esta falta de previsión para afrontar seriamente desde el Estado provincial la situación de pueblos y comunidades indígenas es la falta de políticas públicas específicas a través de organismos y reparticiones que estén compuestas por referentes de comunidades y personal formado en los temas. Existen solo algunas pequeñas reparticiones dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social y del Ministerio de Educación pero seriamente limitadas en personal y presupuesto, usualmente no articulan con otros sectores del Estado y trabajan segmentadamente en planificaciones diagramadas desde nación.
Existen también sectores de la Secretaría de Cultura como la dirección de Patrimonio Cultural que abiertamente desconocen a las comunidades indígenas implementando legislaciones patrimoniales contravencionales a las reformas constitucionales de 1994 y demás legislación nacional e internacional en materia de derecho indígena. Es así que la Ley 6801 de patrimonio cultural y natural retoma la concepción del Estado como propietario del patrimonio indígena considerado arqueológico, priorizando el criterio de valor científico por sobre otros y desde un discurso meramente desarrollista.
Al desconocer la existencia de comunidades indígenas en el presente, esta ley, entre otras cosas, inhabilita la participación indígena y los reclamos de restituciones de objetos, cuerpos y sitios de memoria indígena. Así funcionó cuando en 2011 se presentó una demanda colectiva ante el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan reclamando la aplicación de la Ley 25517 de restitución de cuerpos humanos a pueblos originarios. Aquella demanda generó un expediente que circuló varios años por distintas reparticiones de la universidad y de patrimonio provincial sin emitirse una posición definitiva al respecto. La Defensoría del Pueblo de la Nación intervino sugiriendo a la universidad se atienda el reclamo por tratarse de una institución de orden nacional con plena competencia para aplicación de una ley nacional, mientras que directivos del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier afirmaban que la ley 25517 no estaba adherida por la provincia de San Juan, exponiendo además argumentos discriminatorios sobre las identidades indígenas de los demandantes. Por la misma época un ante-proyecto de ley presentado por el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos San Juan a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial en 2013 para adherir a la mencionada ley nunca prosperó.
Recientemente en la nueva gestión de gobierno del presidente Mauricio Macri en 2016 se han operado algunos cambios drásticos que apuntaron a desfinanciar los sectores de organismos del Estado abocados al trabajo con pequeños y medianos productores del campo, estas medidas afectaron las políticas de reparticiones como la Secretaria de Agricultura Familiar, único sector a nivel nacional y provincial desde el cual hasta 2015 tenía en marcha programas y planes orientados a fortalecer procesos productivos en comunidades campesinas e indígenas. Otro drástico cambio a nivel nacional que repercute en la política administrativa provincial en materia de pueblos indígenas es la injerencia de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación en la temática y la descentralización de la política administrativa de comunidades indígenas antes solamente a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante todo este año 2016, el INAI se vio paralizado en funciones y financiamiento, aunque recientemente ha vuelto lentamente retomar a algunas acciones tales como las renovaciones de elección de representantes indígenas de las provincias en el Consejo de Participación Indígena. No obstante, la creación de un nuevo Consejo Consultivo Participativo en la esfera de la Secretaria de Derechos Humanos genera dudas acerca de cómo se trabajara desde el Estado, y desde la representación indígena en la coyuntura estatal, a partir de dos órganos paralelos y con las mismas funciones.
A nivel local la modificación del esquema nacional administrativo ha generado algunas instancias de acercamiento entre la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, dependiente de Ministerio de Gobierno de San Juan, con algunos referentes indígenas locales, aunque no están claras aun las competencias de la repartición dentro del esquema. Lo que se puede anticipar es que resulta difícil pensar que el traspaso de la mal llamada "cuestión indígena” a la Secretaria de Derechos Humanos signifique un compromiso de avanzar en el tratamiento de problemas de fondo tales como son el reconocimiento y traspaso legal definitivo de las tierras relevadas para comunidades indígenas en el marco de la Ley 26.160, o el tratamiento de problemas medioambientales origen de la crisis hídrica, la desigual distribución y calidad del agua potable.
Existen grandes problemas con la implementación del modelo neo-extractivista que el gobierno provincial y nacional consideran como política de Estado, por lo tanto en el mapa político actual no es esperable que la situación indígena sea revisada seriamente puesto que esto implicaría algunas concesiones también con las asambleas ciudadanas organizadas con la mega-minería en San Juan, tales como la Asamblea de Jáchal No se Toca, auto-referenciada con los emblemas de la lucha indígena y referente de la movilización social en San Juan en este último año. Como dato importante en relación a esto cabe mencionar que en el norte de San Juan, en la zona afectada por los derrames ocurridos en Mina Veladero también existe población auto-percibida como indígena, e incluso una comunidad indígena reconocida como Cacique Gabriel Pismanta en Angualasto, aunque ellas no han interpuesto denuncias apelando a la legislación nacional y convenios internacionales que los asisten. Esto también agravado por tratarse de un área con dos declaraciones de UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
(Ivana Carina Jofré es indígena descendiente, Licenciada en Arqueología y Doctora en Ciencias Humanas con mención en Estudios Sociales y Culturales. Investigadora Asistente del CONICET con lugar de trabajo en el Departamento de Letras de la FFHyA de la UNSJ. Docente de la Carrera de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de La Rioja. Presidenta del Centro de Estudios e Investigaciones en Antropologia y Arqueología (CEIAA) y coordinadora de proyectos del Observatorio Ciudadano de DDHH San Juan).
