Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, expuso su preocupación sobre el impacto económico y social que puede tener la iniciativa para incrementar las jubilaciones impulsada por el Congreso sin estipular un financiamiento concreto. Durante una entrevista en el streaming oficialista Carajo, el funcionario sostuvo que aplicar la nueva ley jubilatoria, en los términos en los que se aprobó, puede derivar en un crecimiento considerable de la pobreza infantil en la Argentina.
Durante la nota, Sturzenegger explicó que la propuesta para subir las jubilaciones carece de un mecanismo claro de financiamiento. Consideró que, en ausencia de recursos genuinos, la ejecución del proyecto aparece atada al uso del impuesto inflacionario. Para el ministro, esa vía conduciría a un deterioro del poder adquisitivo y traería consecuencias directas sobre los sectores más vulnerables.
“Si vos me decís que vas a financiar dos punto y medio, no me pones ningún fondeo, ¿qué me estás diciendo? Que lo haga con impuesto inflacionario. Y si yo hago dos punto y medio del PBI de impuesto inflacionario, volví al último año de Massa. Claro, el hecho de haber que ustedes tres con el equipo económico hayan salido de ahí nos permitió sacar 11 millones de personas de la pobreza. Entonces se ve aquello de las jubilaciones. ¿Pero quién pone sobre la balanza los 5 millones de niños pobres que crearía esta ley?”, expresó el titular de Desregulación.
Desde su óptica, el debate público suele enfocarse en los aspectos visibles de la política previsional —como la cantidad de beneficiarios o los montos de los haberes— pero deja de lado los efectos colaterales sobre la estructura social, en particular sobre la niñez. “Todos querríamos pagar mucho más las jubilaciones. ¿Pero qué es lo que está oculto? Que eso va a hacer que 4 millones de chicos vayan a la pobreza de vuelta”, sostuvo durante el diálogo, apuntando al riesgo de reproducir dinámicas regresivas.
Sturzenegger marcó una diferencia entre la visibilidad inmediata de la medida y el impacto estructural. Explicó que el beneficio de un aumento jubilatorio suele notarse de manera palpable, mientras que el deterioro social vinculado a la pobreza infantil permanece más diluido y cuesta instalarse en la discusión.
El ministro también contrastó el manejo fiscal actual con experiencias previas de administración económica en el país. “Si yo hago dos punto y medio del PBI de impuesto inflacionario, volví al último año de Massa”, declaró. Esta referencia busca evidenciar que el uso de emisión monetaria para solventar mayores gastos revierte los avances logrados en materia de reducción de pobreza. Según Sturzenegger, la actual gestión sacó 11 millones de personas de esa condición a partir de medidas orientadas al control del gasto y la disciplina fiscal.
Al referirse al debate legislativo sobre los haberes jubilatorios, resaltó la ausencia de fuentes genuinas de financiamiento en el proyecto. Señaló que, durante el Gobierno anterior, el Congreso promovió una suba de haberes sin identificar recursos y sin diseñar alternativas para respaldar el esfuerzo fiscal. “Ellos vinieron con el proyecto jubilatorio, no pusieron ninguna fuente de financiamiento. Dijimos es, es infantil. Digo yo, es infantil, como cuando un hijo le pide a su padre o madre comprarle un regalo y no“, graficó.
Sturzenegger afirmó que la responsabilidad del Congreso no se limita a definir en qué ítems destinar el gasto, sino que también implica detallar de qué manera financiar esas erogaciones adicionales. “El Congreso puede decir dónde gastar, pero si me vas a decir dónde gastarme, tenés que decir de dónde sacar”, puntualizó.
Luego, abordó la composición del gasto y el margen para atender otros sectores de la sociedad. “Si vos me decís que vas a financiar, no me pones ningún fondeo”, insistió, en alusión a que no se detallaron propuestas alternativas de recaudación o ajustes en otras partidas para sostener los incrementos jubilatorios.
Durante la transmisión, el ministro recordó que la suba de haberes aprobada no se acompañó de iniciativas serias de financiamiento y que el único recurso implícito es la generación de dinero a través de mecanismos inflacionarios. Advirtió que este tipo de políticas provocan una transferencia de ingresos desde la población general hacia los sectores cubiertos por las nuevas jubilaciones, lo que profundiza la pobreza en aquellos menos protegidos, como los niños.
Sturzenegger extendió su análisis a los impactos dispares entre distintos grupos sociales. Señaló que el aumento jubilatorio se presenta como una solución atractiva y de alta aceptación, pero sus costos suelen recaer sobre fracciones más vulnerables. Citó el caso de los niños en situación de pobreza, quienes sumarían 5 millones si se aprueba la ley sin un esquema racional de recursos.
El ministro relacionó estos posibles efectos con la experiencia de 2023, en la que el deterioro económico también golpeó a las infancias. En aquel período, la inflación y la caída del salario real impulsaron un retroceso en los indicadores sociales. “El hecho de haber que ustedes tres con el equipo económico hayan salido de ahí nos permitió sacar 11 millones de personas de la pobreza”, agregó, en referencia al esfuerzo para revertir ese cuadro.
La discusión se desarrolló también en un plano ético. El funcionario expresó que la política debe asumir la complejidad de sus decisiones y evitar medidas motivadas por el corto plazo. Sostuvo que los actores impulsan aumentos en las jubilaciones sin admitir las consecuencias indirectas, y que quienes se posicionan en favor de la iniciativa “devaluaron un 30% en términos reales de las jubilaciones el último año que gobernaron por 100 móvil”.
Para Sturzenegger, la disputa política por las jubilaciones no puede obviar el impacto social de las decisiones fiscales. Observó que el “impuesto inflacionario” se transforma en una vía de ajuste que tarde o temprano perjudica a los sectores con menor capacidad de respuesta. El ministro consideró que la “asimetría” entre el beneficio inmediato y el daño latente requiere un abordaje más responsable por parte de los legisladores.
El ministro de Desregulación criticó que los debates sobre gasto previsional omitan la cuestión del fondeo. En la intervención, insistió en que toda política expansiva debería acompañarse de una fuente garantizada de recursos. De lo contrario, afirmó, los resultados serían equivalentes a los de experiencias fallidas del pasado reciente.
Sturzenegger también se refirió a la paradoja de que quienes proponen el aumento de las jubilaciones defendieron en el pasado políticas que redujeron el poder adquisitivo de los haberes. En este sentido, planteó: “Te lo dicen los que devaluaron un 30% en términos reales de las jubilaciones el último año que gobernaron por 100 móvil”.
Por último, el funcionario lamentó que el debate público priorice los incrementos del gasto social sin evaluar su sustentabilidad. Insistió en la necesidad de tener políticas responsables, que eviten transferir el costo a los sectores más desprotegidos.
FUENTE: Infobae
