Una de las esquirlas del caso de Lucía Rubiño alcanzó la esfera de la Justicia Federal e impactó de lleno en un juicio de lesa humanidad. Es que uno de los jueces del tribunal fue recusado por la defensa del represor que se sentará en el banquillo de los acusados, Juan Francisco Del Torchio, y se resolvió que fuera apartado del debate.
Se trata de Hugo Echegaray, que fue resistido por el abogado defensor, Marcelo Fernández Valdez, quien planteó un conflicto de intereses, dado su rol como querellante en la causa que investiga la muerte de la adolescente y sus intenciones de imputar a su propio hijo, Juan Pablo Echegaray, por el delito de homicidio culposo.
Tras la presentación del abogado, fue el mismo magistrado Echegaray quien así lo reconoció y, por ello, aceptó la recusación. En ese sentido, el Tribunal Oral Federal ordenó que fuera removido del juicio y ofició a la Cámara Federal de Casación Penal a fin de que designe un juez subrogante para que continuar con la tramitación y resolución de la causa de lesa humanidad.
La defensa señaló que se trataba de una causal sobreviniente, excepcional y objetiva relacionada con la existencia de un proceso penal que tramita en la justicia sanjuanina. Agregó que ello fundaba el temor de parcialidad por parte de su asistido, quien sospechaba que recibiría un trato extraño y contrario a las garantías de juez imparcial, por parte del magistrado señalado.
El defensor expresó también que su defendido tenía temor de una carga negativa hacia su persona durante el desarrollo del juicio o de sufrir una mirada parcial para evaluar su inocencia.
Por su parte, el juez federal Echegaray presentó su informe y señaló que advertía el temor de imparcialidad del procesado y afirmó que, en el caso concreto, correspondía aceptar la recusación planteada por el imputado a fin de respetar la garantía del juez imparcial en el marco de un proceso penal, reconocida como un derecho implícito en la forma republicana de gobierno y derivada de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio.
Fernández Valdez fue quien impugnó el fallo que sobreseyó a Juan Pablo Echegaray, pues lo considera autor responsable de la muerte de la chica de 16 años, que fue embestida por un menor de edad el 15 de octubre de 2023, en el interior del Barrio Profesionales, en Rivadavia. El hijo del juez se vio involucrado en el hecho, pues manejaba una camioneta Toyota Hilux en la escena y, según la familia de la víctima, habría provocado que el principal acusado (N.M) la atropellara.
Del Torchio fue condenado a 25 años de prisión el 4 de julio de 2013, junto a Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez. En la causa que estuvo implicado se investigaron los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita, en perjuicio de 60 víctimas. En ese juicio, Jorge Antonio Olivera, Orlando Martel y Horacio Nieto recibieron la prisión perpetua.
Luego, el 7 de julio de 2023, volvió a ser condenado aunque esta vez recibió la perpetua tras ser considerado coautor responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en un hecho, tormentos agravados en un hecho y homicidio doblemente agravado en 5 hechos, en concurso real.