“En San Juan, la gente tiene que estar libre para transitar”, aseguró enfáticamente durante la jornada de ayer el gobernador Marcelo Orrego. En ese contexto, dejó claro que se aplicará sin excepciones la ley antipiquetes en la provincia con el objetivo de evitar los bloqueos en la vía pública. Ahora, se supo que el protocolo se desarrollará en tres fases.
“Hay dos aspectos importantes en torno a la aplicación de este protocolo. Primero, lograr que no que no haya un corte más de calle. Y segundo, hay que tener en cuenta que no se va a criminalizar ningún tipo de manifestación o protesta. Entonces, en esa confluencia de estas dos acciones es que se va a poner en marcha este protocolo”, aseguró en diálogo con radio Amanecer el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado.
Al respecto, el funcionario hizo una referencia particular sobre la idea de la “criminalización de las protestas y manifestaciones”. Aclaró: “Este Gobierno y, particularmente el Gobernador, es muy respetuoso de la normativa, de las constituciones provincial y nacional, que contemplan el derecho de protesta. Entonces, en virtud de ello, no se busca la criminalización. Pero sí, lograr el orden”.
En cuanto a cómo funcionará esta norma, indicó que, “se trata de un protocolo que va a establecer tres fases. La primera es la que se desarrolla siempre, la negociación, la mediación, con los referentes idóneos y de acuerdo al reclamo en cuestión. Esto, con el fin de evitar que se produzca la manifestación”.
Si no hay acuerdo y se continúa con la intención de desarrollar la acción, las autoridades pasarán a la segunda etapa, la operativa. “Es decir, la Policía garantizará su desarrollo de manera ordenada, minimizando el impacto sobre terceros, ya sean los transeúntes que circulan, los comerciantes que desarrollan su actividad, quienes se trasladan de modo urgente por ejemplo a un hospital”, sostuvo el funcionario. Y explicó que, en este caso, por ejemplo, se recurría a solicitar que la misma se desarrolle a pie por veredas o sendas peatonales, y en caso de ser necesario, permitir que la manifestación se desarrolle sólo en media calzada de las arterias.
En caso de que se incumpliera con esta orden, se apelará la tercera fase, la implementación de la ley. Al respecto, el funcionario explicó que, “si los manifestantes insisten en bloquear calles, se actuará bajo el artículo 194 del Código Penal, que penaliza el entorpecimiento del transporte público o de servicios esenciales”.