Juicio por YPF: La Jueza Preska convocó a audiencia a Argentina y a los demandantes

En este caso, la magistrada busca destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el argumento de los demandantes, de que el Estado argentino e YPF "son lo mismo", lo que se conoce como "alter ego".

Los fondos que lograron un dictamen favorable en el juicio por la expropiación de YPF sostienen entonces que la República Argentina debe afrontar el pago de los USD 16.100 millones dispuestos en el polémico fallo de Preska.

Más temprano, el Gobierno argentino había presentado una apelación contra la orden emitida por la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación realizada en 2012. La decisión se formalizó el 9 de julio mediante un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.

La apelación se presentó sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de "stay", una solicitud que había realizado días atrás el equipo legal de Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras avanzaba la revisión del caso.

El documento fue registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, y fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a Argentina.

La demanda principal relacionada con este caso se refiere a la expropiación de YPF, llevada a cabo por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023, tras ocho años de juicio, Preska declaró al Estado culpable de mala praxis expropiatoria y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, un estudio que adquirió los derechos a litigar del caso por parte de empresas que afirmaron haber sido perjudicadas por la decisión.

Ese fallo condenatorio fue apelado y, al mismo tiempo, la causa continuó tramitándose en el tribunal de Preska. En este contexto, Burford realizó una serie de requerimientos con el objetivo final de negociar con Argentina, entre ellos quedarse con las acciones de la petrolera.

El lunes 14 termina el plazo impuesto por la magistrada para que la Argentina depositara en custodia en un banco de Nueva York el 51% de las acciones de YPF a fin de ejecutar la sentencia en favor de los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo por la expropiación.

El Gobierno se mostró convencido de que existen "buitres domésticos" operando contra Argentina por diversos motivos políticos y económicos. Se afirmó: "Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos".

Las declaraciones recientes del gobernador bonaerense Axel Kicillof y exfuncionarios fueron mencionados como parte del análisis sobre quienes podrían estar moviendo intereses insidiosos para hacer negocios en Vaca Muerta aprovechando una YPF que podría verse afectada.

Además, como parte de su estrategia general, el Estado solicitó ayuda al Gobierno de Estados Unidos para que opine en el caso, como ya había ocurrido el año anterior durante la presidencia de Joe Biden.

Otro pilar fundamental de la defensa consistió en asegurar que no se negociaría nada. Desde Casa Rosada afirmaron: "No se negociará nada. La estrategia es judicial 100% en el estrado de Preska. Lo dijo el Presidente: se irá hasta las últimas consecuencias dentro de las instancias judiciales". Se mencionó también que había mucha especulación sobre una posible negociación debido al interés económico involucrado.