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SUSCRIBITEEste jueves, el Gobierno nacional presentó ante la justicia de Nueva York la apelación formal contra el fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de la empresa.
Argentina apeló el fallo de Loretta Preska por YPF.
Tal como había adelantado el presidente Javier Milei, finalmente este jueves, el Gobierno nacional apeló el fallo de la jueza Loretta Prezka, que ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF para pagar a fondos buitre la sentencia de US$16.000 millones, a favor del fondo Burford Capital, por la estatización de la petrolera.
La información fue difundida por el especialista Sebastián Maril en sus redes sociales y confirmada por distintos medios nacionales.
Según trascendió, la Procuración del Tesoro también presentó dos escritos para intentar frenar la ejecución de la sentencia, que tiene como plazo límite el próximo lunes 14 de julio. A la par, se presentó un recurso de apelación directo, lo que sorprendió incluso a analistas especializados.
“Argentina acaba de iniciar hace minutos el proceso formal de apelación (…) En paralelo, se encuentra pendiente la decisión de la jueza sobre el pedido de suspensión”, indicaron desde el Gobierno.
Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, si bien el país tiene derecho a apelar, lo habitual habría sido esperar la respuesta de la magistrada sobre la suspensión y el eventual depósito de una garantía: “La teoría dicta que deberían haber esperado. Ahora habrá que ver cómo reaccionan la jueza y los demandantes”.
Además de Burford, también reclamaron acciones de YPF los fondos Eton Park, Bainbridge (por una demanda vinculada al default de 2001) y Attestor Master, que también busca hacerse de parte del paquete accionario.
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses. Ese fallo benefició a Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de YPF al momento de la expropiación.
El reclamo se basó en que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía. Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
Desde el fallo de fines de 2023, la Argentina apeló la sentencia. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión. Entre ellas, la que avanzó fue el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, que tiene fallo favorable de Preska y que abrió el camino a otros acreedores del país para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera.
El presidente Javier Milei dijo este miércoles que “el fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.
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