Este jueves al mediodía se desarrolló una audiencia clave en el marco del caso que conmocionó a Rivadavia. La madre de la niña de 2 años que ingresó intoxicada con cocaína al Hospital Marcial Quiroga quedó en libertad, aunque con varias restricciones. La mujer, de 27 años y residente en La Bebida, no podrá acercarse a la menor de edad. Además, la damnificada y sus dos hermanos -también menores- quedaron bajo el resguardo de sus abuelos maternos.
El juez de garantías, Federico Rodríguez, hizo lugar al pedido del fiscal de la UFI CAVIG, Atilio Yanardi -en reemplazo de Mario Panetta- y la ayudante fiscal Verónica Recio y dictó la libertad con prohibición de contacto para L.R. con la pequeña. Además, el plazo de Investigación Penal Preparatoria -IPP- será por seis meses.
La causa se originó el pasado 2 de julio, cuando la mujer llevó a su hija al hospital Marcial Quiroga. La pequeña presentaba signos de desorientación, dificultades para caminar y balbuceos. Tras los estudios médicos, se detectó que padecía ataxia, un trastorno de coordinación motora, y se confirmó la presencia de cocaína en su organismo. La menor llegó al nosocomio consciente. Durante el último martes, este diario informó que la pequeña está fuera de peligro.
No hay una declaración oficial sobre el hecho. Extraoficialmente indicaron que la niña habría agarrado una dosis de cocaína, ya que la imptuada sería adicta a dicha sustancia. No hay una declaración oficial sobre el hecho. Extraoficialmente indicaron que la niña habría agarrado una dosis de cocaína, ya que la imptuada sería adicta a dicha sustancia.
El pasado martes por la mañana, efectivos policiales aprehendieron a L.R. en la vía pública, cerca de su vivienda en La Bebida. En los días previos, se había realizado un allanamiento en su domicilio, aunque no se secuestraron sustancias ilícitas. Según trascendió de manera extraoficial, la hipótesis principal es que la niña habría tenido acceso accidental a una dosis de cocaína, posiblemente en momentos de descuido de su madre, quien sería consumidora habitual.
La situación derivó en la intervención inmediata de la Justicia. Fue la asesora de Menores, Patricia Sirera, quien presentó la denuncia inicial, dando paso a una causa penal por presunto consumo de estupefacientes en un contexto familiar. En ese momento, la mujer no quedó detenida, pero con el avance de la investigación y tras la obtención de pruebas médicas, se ordenó su arresto.
Durante la audiencia de este jueves, la mujer -que fue asistida por el defensor oficial Alejandro Castrán- prefirió no declarar. Finalmente, quedó imputada por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.