Coletazos

Fraude con planes sociales: el Ministerio de Trabajo nacional investiga si hay más empleados involucrados

Presumen que la maniobra descubierta en la oficina de 25 de Mayo es la punta de un iceberg. Cómo trabajan con las organizaciones sociales. Los “punteros”, un clásico.
jueves, 3 de diciembre de 2020 · 10:46

“De acuerdo a la conferencia de prensa que dio la Policía, sabemos que hay gente involucrada en diferentes departamentos y puede ser que haya situaciones en otras oficinas”, dijo la titular de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación en San Juan, Silvia Pérez. La funcionaria habló respecto de la presunta estafa con planes sociales que tiene a una empleada de la oficina de 25 de Mayo presa junto a otras personas de Pocito y Rawson, que habrían cobrado dinero de beneficiarios de planes sociales mediante un engaño.

Desde que estalló el caso, Pérez dijo que informaron al Ministerio Nacional e iniciaron una investigación interna para saber qué planes de los que forman parte del ardid descubierto corresponden a los de esa cartera y cómo accedieron los beneficiarios afectados. Como medida preventiva, se dispuso el bloqueo provisorio de la plataforma digital de la oficina de 25 de Mayo, así como también la separación de personal que cumple allí funciones, en acuerdo con el intendente, hasta que se esclarezcan hechos y responsabilidades. Así lo dijo Pérez, quien reveló que creen que están sólo ante “la punta de un iceberg” que podría tener más empleados y muchas más víctimas que las hasta ahora descubiertas. Se proponen “tolerancia cero”, aseguró.

“Creo que esto es una gran piedra en el río y va a tener una expansión hay que decir basta de la manipulación”, remarcó.

Pérez indicó que desde la oficina de Trabajo de Nación que representa se están dotando de información para hacer la denuncia en la Justicia Federal, ya que la causa se tramita ahora en sede provincial pero asumen que cambiará de fuero. “No sabemos cuáles son los beneficiarios que han sido estafados, por eso hemos pedido el listado a la Secretaría de Seguridad, para investigar de dónde accedió al beneficio, sabemos que han accedido a programas nacionales de otros ministerios también y que hay gran cantidad de tarjetas en juego”, informó Pérez a Tiempo de San Juan.

La funcionaria dijo que en el caso de su oficina manejan los programas Joven y Promover que involucran beneficios entre 3.000 y 5.400 pesos mensuales que serían los que están en la causa judicial.

Evidencia secuestrada por la Policía en domicilios de los sospechosos. 

El manejo de los planes, en el tapete

Pérez dijo que no conoce cuántos son los beneficiarios de planes sociales que dependen de su oficina porque van variando mes a mes. El Plan Joven y el Promover, dijo, son los “caballitos de batalla” de la repartición, pero hay además otras líneas de planes relacionadas con entrenamiento y formación profesional. Capital y Rawson son los que más demandas concentran. Hay oficinas del Ministerio en los 19 departamentos.

“Todos pueden acceder pero cada persona que quiere ingresar a un programa debe ir siempre a una Oficina de Empleo y le hacen una entrevista laboral para ver si cumple con los requisitos para estar en la plataforma del Ministerio de Trabajo de la Nación. El municipio presenta los programas y nosotros fiscalizamos y se manda la información a Buenos Aires. Las instituciones también pueden ingresar, desde uniones vecinales, hasta clubes y empresas, que deben cumplir ciertos requisitos como tener una cuenta en el Banco Nación que los respalde. Incluso las empresas pueden contratar docentes capacitadores, pueden usar en algunos programas dinero para insumos y herramientas y deben rendir al Ministerio de Trabajo lo gastado, todo sujeto a acciones judiciales si no rinden en tiempo y forma”, explicó.

Los punteros de siempre y la manipulación de datos

La presunta estafa que ahora salió a la luz no es la primera que registran en la oficina local del Ministerio de Trabajo de la Nación que llega a la Justicia. Pérez dijo que “hubo años atrás al principio de la gestión anterior, un problema similar con una persona de la oficina de empleo y se cambió el sistema de carga”.

La funcionaria analizó que “no es difícil controlar por parte nuestra. La vulnerabilidad es de la persona cuando va a retirar su tarjeta al Banco Nación, donde se requiere presencia con DNI y firma pero gente inescrupulosa se termina quedando con la tarjeta y una parte del dinero. Incluso nos han comentado de gente que ni se enteró de que tenía la tarjeta y alguien cobraba a su nombre”.

Para Pérez “hay manipulación de documentación que hacen las instituciones. La gente lleva el documento por la necesidad que tiene y confía.  Debe investigarse como se hicieron estas personas de esas tarjetas que tengo entendido que hay gran cantidad”.

Aseguró que a la empleada de 25 de Mayo que figura en la causa, Natalia Castro, solo la conoce de nombre y habían coordinado con esa oficina algunas actividades que no se dieron por la pandemia. Por otro lado, aseguró que “las instituciones mencionadas en la investigación judicial no tienen relación con el Ministerio de Trabajo de la Nación hasta el momento”. En la causa sigue prófugo Mauricio Chanquía, secretario General del partido Libres del Sur y militante de la organización nacional Barrios de Pie.

Chanquía, dirigente político y social investigado. 

En esta trama de planes sociales que tienen que ver con miles de beneficiarios y millones de pesos, el relacionamiento con las instituciones y organizaciones sociales quedó en la picota. “Hay organizaciones que son muy buenas, que llevan a prosperar de manera asociativa y lo hacen desde la voluntad y ganas de trabajar. Y hay otras que siempre han hecho una manipulación, Hay muchos que saben que están en esta situación y no lo denuncian, y la denuncia es personal.  Hay muchos que comentan que ‘le tengo que entregar una parte a otro’, pero no cooperan. Contra eso no podés”, dijo, dando cuenta del fenómeno de los “punteros” que manejan planes y se dejan una parte, que son una suerte de clásico en todo gobierno.

Incluso, la funcionaria del PJ que asumió este año pero que tiene larga militancia política territorial en Rawson, aseguró que “a mí me sucedió en cuestiones personales que me han comentado y les digo que denuncien y no lo dicen. Yo no puedo ir de oficio y denunciar porque esa persona lo va a negar. Como militante en territorio me ha pasado que a veces conoces la persona pero no tenés los datos personales, mi regla de oro en ese trabajo fue jamás pedir documentación a nadie”.

Advertencia para la gente

Pérez apuntó que “cuando salió el IFE hay personas que aparecieron amablemente a cargar los datos y la manipulación de datos es donde aparece la primera situación de vulnerabilidad. No son muchas las organizaciones sociales que trabajan ahora con nosotros, de hecho nos están pidiendo porque en los últimos 4 años no recibieron nada”.

Sobre el relacionamiento, Pérez indicó que “con los intendentes se habló de diferenciar las organizaciones sociales de las delictivas”.

Remarcó que “así como la tarjeta es intransferible y personal, la denuncia debe ser así también. Hay que darle mucha difusión al tema y advertir a la gente. Esto da mucha bronca y pena. Le pido a la gente que tenga conciencia y pase por la oficina, (Mitre 127 Este) y se saque las dudas y si cree que ha sido manipulada que se acerque y denuncie”.

Comentarios