Alberto Hensel es uno de los candidatos a dirigir la cartera nacional de Minería, actualmente una Secretaría aunque con grandes chances de volver a ser Ministerio, cuando asuma Alberto Fernández. Al menos eso fue lo que se desprende de una publicación de Página 12 que lo incluye en el posible armado del gabinete albertista.
Luego de la publicación de esta versión, que por primera vez llegó a medios nacionales cuando antes eran especulaciones de portales sanjuaninos, el sanjuanino viajó a Buenos Aires. El funcionario fue el primer orador de la II Jornada sobre la Actividad Ladrillera, organizada por la Unión Obrera Ladrillera (UOLRA).
El sanjuanino fue invitado para exponer sobre el Programa Provincial de Promoción y Regularización de la Actividad Ladrillera. Se trata de uno de los caballitos de batalla de su gestión en Minería de la provincia, ya que es una iniciativa única en el país, que propone crear un registro de productores artesanales de ladrillo para que puedan proveer a la obra pública.
Junto a Hensel también estuvo Héctor Daer, de la CGT, Gerardo Martínez de UOCRA y Luis Cáceres de la UOLRA. Estos dirigentes representan a los sindicatos más importantes de la actividad minera del país.
El programa que beneficia a 3.000 trabajadores
La Ley 1601-J sancionada en San Juan crea el Programa Provincial de Promoción y Regularización de la actividad minera. El gobernador Sergio Uñac impulsó la reglamentación del articulado pensando en un doble propósito: formalizar el trabajo del sector y a su vez darle preferencia al ladrillo artesanal como insumo de la obra pública provincial.
Con esta norma, las dependencias y organismos públicos encargados de contratación de obras públicas provinciales podrán contratar como proveedores a ladrilleros artesanales inscriptos en el registro pertinentes.
La autoridad de aplicación es el Ministerio de Minería, que podrá celebrar acuerdos que tengan como fin la creación de Polos de Producción Ladrillera (PPL) pudiendo verificar y determinar la ocupación de espacios, técnicas y volúmenes de producción, los estándares laborales y de la comercialización del ladrillo sanjuanino que mejoren la participación de los trabajadores en los beneficios que genera la actividad.
La ley, además, establece participación de la Secretaría de Estado de Ambiente. La misma elaborará un diagnóstico de las áreas ocupadas y a ocupar por la actividad y lo mantendrá actualizado para remitir a municipios. Además, fiscalizará el cumplimiento del plan de mitigación del impacto ambiental generado por la actividad ladrillera y lo remitirá a la autoridad de aplicación y a cada uno de los municipios involucrados.
La UORLA podrá acompañar el empadronamiento en campo y la revisión del mismo con una periodicidad acorde.
En el plan integral para la actividad, está previsto destinar fondos para brindar capacitaciones, actualización tecnológica, plan de saneamiento de pasivos ambientales, desarrollo de la actividad, etc.
(Con información de Sí San Juan)