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SUSCRIBITELa firma Márquez y Asociados, en medio de una causa que reúne más de 4.200 denuncias por presuntas estafas inmobiliarias, enfrentó la indagatoria de sus principales responsables, quienes negaron las acusaciones. La quiebra de la firma y la inclusión de damnificados de distintas provincias, entre ellos al menos dos sanjuaninos, profundizan la crisis judicial que sacude al sector en Córdoba.
Los integrantes de la empresa constructora Márquez y Asociados, denunciados en una de las defraudaciones inmobiliarias más grandes tramitadas en Córdoba, fueron indagados en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier. Los hermanos Ariel, Pablo y Matías Márquez, desde la cárcel de Bouwer donde permanecen detenidos, se presentaron ante la Justicia y negaron haber cometido estafas, apareciendo al menos dos denuncias en San Juan.
Durante la audiencia del jueves por la mañana, los hermanos permanecieron en silencio ante las preguntas y se limitaron a hacer manifestaciones en su defensa. En el proceso judicial, que también incluye a Lucas Márquez -el cuarto hermano- y al contador Ramiro Gonzalo Nievas, quienes permanecen detenidos en Bouwer, ya se superaron las 4.200 denuncias de presuntos damnificados en todo el país.
La Justicia civil, a través del Juzgado Civil y Comercial de 52° Nominación de Córdoba, declaró la quiebra de la firma MRQZPABAR Desarrollos S.A., el nombre legal de la constructora, y ya se sorteó el síndico que deberá administrar y custodiar el patrimonio de la empresa. Sin embargo, su aceptación aún está pendiente, según informó el diario Perfil.
Si bien se habla de más de 30.000 contratos celebrados con clientes, la empresa habría usado esta cifra como una estrategia de marketing para aparentar mayor éxito, sin que todos correspondan a convenios reales o consecutivos, según indicaron fuentes vinculadas al proceso judicial.
Por su parte, Ariel Márquez, en sus últimas apariciones públicas, defendió la postura de que la empresa no estafó a sus clientes sino que, en todo caso, incumplió plazos de entrega, un argumento común en los casos de estafas inmobiliarias investigados en Córdoba y que, en ocasiones, han terminado con condenas judiciales.
En la provincia se conocieron al menos dos denuncias contra la empresa cordobesa. Tras saber la noticia, fuentes judiciales confirmaron a este diario que las denuncias no fueron tratadas en San Juan porque los dos presuntos damnificados por estafa apuntan contra la sede de Córdoba. Por este hecho, la Justicia provincial no tuvo competencia para intervenir.
Cabe destacar que la primera acusación llegó a la UFI Delitos Informáticos y Estafas durante la mañana del pasado martes 15 de abril. El día siguiente, más exactamente el miércoles 16, se presentó una nueva denuncia. Sobre el primer caso, indicaron a este medio que la presunta víctima acusó a la empresa por “contratos dudosos”.