Tras la condena por el caso de expropiaciones, Graffigna afirmó que todo se trató de una "causa armada"

En diálogo con la prensa, Graffigna negó las acusaciones en su contra y sostuvo que todo se trató de una "causa armada". "Esto es una asociación ilícita, es una locura todo, ¿qué asociación ilícita? Yo no tengo relación con nadie, solo con los peritos de parte que hacen las tasaciones", expresó.

El abogado condenado aseguró que su rol se limitó a defender los intereses de sus clientes en juicios de expropiación y negó que existieran maniobras para inflar los montos de indemnización. "Están mintiendo, están comparando valores de 1986 con los del 2006, con 15 o 20 años de diferencia", sostuvo. Además, afirmó que se cumplieron todas las leyes vigentes, incluyendo la Ley 24.283 de desindexación y los decretos provinciales que regulan los precios en expropiaciones.

Graffigna también cuestionó el desarrollo del juicio y afirmó que no se le permitió presentar pruebas claves. "Ofrecimos pruebas y nos rechazaron todas. Aporté más de 1.200 fojas de fallos de la Corte Suprema y de tribunales nacionales que avalan mi accionar", señaló.

Por su parte, el abogado defensor, Marcelo Fernández, denunció irregularidades en la conformación del tribunal que dictó la sentencia. "A dos integrantes del tribunal los recusamos con causa, por temor fundado de parcialidad. El mismo día que un medio anunció que se estaba por definir el tribunal que iba a resolver la causa de expropiaciones, esos jueces fueron ascendidos a la Cámara", explicó.

Fernández fue contundente al considerar que el fallo ya estaba condicionado: "Acá cumplieron un mandato. Eso es lo que pasó. No hubo imparcialidad". Fernández fue contundente al considerar que el fallo ya estaba condicionado: "Acá cumplieron un mandato. Eso es lo que pasó. No hubo imparcialidad".

Pese a ello, confirmó que apelarán la condena a través de los mecanismos legales disponibles, aunque advirtió sobre la complejidad del proceso. "Vamos a esperar que se notifiquen los fundamentos. El recurso de casación va a llegar a la Corte, pero todos los ministros de la Corte ya están excusados. Habrá que conformar un tribunal especial con conjueces, si es que la lista está vigente. Todo esto sigue, los pasos judiciales continúan", finalizó.

El caso

Esta impresionante causa que tuvo miles de idas y vueltas comenzó en 2010, cuando el Gobierno de San Juan, en aquel entonces encabezado por José Luis Gioja, realizó la denuncia en la justicia penal por un fraude millonario contra la Administración Pública, en manos de un grupo de abogados y funcionarios judiciales.

Presentación judicial que se radicó el 28 de octubre de 2010 ante la Fiscalía de Instrucción Nº1 por la Secretaría General de la Gobernación, luego de haber realizado un sumario administrativo para entender por qué la provincia había gastado cifras millonarias por expropiaciones.

El hecho generó sorpresa por la cantidad de personas que había involucradas, del mismo modo en que algunas de ellas habrían aprovechado sus conocimientos y posiciones dentro de la estructura judicial para beneficiar a la supuesta asociación ilícita en perjuicio de las arcas públicas.

Como consecuencia de ello, por ejemplo, el juez titular del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, fue sometido a un jury y resultó destituido de sus funciones frente a las sospechas que pesaban sobre sus hombros por la causa de expropiaciones. A pesar de que su estado de inocencia aún se hallaba vigente, el Jurado de Enjuiciamiento halló elementos suficientes para apartarlo de sus funciones como juez y quitarle los fueros. En la misma sintonía y previo a ello, el abogado de la Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi, había sido cesanteado; lo que también causó impacto.