La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: "Que se ponga la mano en el corazón"

En ese contexto, Mirta Alfaro, abuela del niño de 8 años asesinado, alzó la voz con crudeza y dolor. “Queremos que estén detenidos porque uno de ellos ha sido el que ha asesinado a mi nieto y ellos lo tienen que pagar. ¿Cómo van a soltar a tres con domiciliaria, sabiendo que tienen polvo en la mano?”, declaró a este diario.

La mujer insistió en que existen pruebas contundentes y pidió a los vecinos del barrio Valle Grande que se animen a declarar. “Hay muchas pruebas. Queremos que, por favor, los vecinos que saben del caso vayan y declaren. Ahora tienen miedo, no quieren ir. Que les den custodia, pero que vayan”, reclamó.

Alfaro fue más allá y apuntó directamente contra la jueza de garantías Mabel Moya, quien resolvió no prorrogar la prisión preventiva de los acusados. “Quiero que la jueza los mande otra vez a la cárcel, que se ponga la mano en el corazón”, lanzó.

En paralelo, agradeció al fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, por su decisión de impugnar la medida. “Le agradezco porque va a impugnar”, sostuvo.

En su testimonio, también describió el impacto devastador que dejó el crimen en la familia. “Era un niño muy alegre, muy travieso, muy querido. Lo que han hecho es una desgracia muy grande, nos parte”, expresó, visiblemente afectada. En su testimonio, también describió el impacto devastador que dejó el crimen en la familia. “Era un niño muy alegre, muy travieso, muy querido. Lo que han hecho es una desgracia muy grande, nos parte”, expresó, visiblemente afectada.

La postura de la fiscalía

Horas antes, al mediodía, Nicolía había confirmado en conferencia de prensa que apelará la resolución judicial que dejó en libertad a cuatro de los siete imputados y otorgó prisión domiciliaria a los tres restantes. La decisión de la jueza se conoció tras una audiencia realizada el viernes, cuando estaba por vencer la prisión preventiva. La fiscalía había solicitado una prórroga por seis meses, al considerar que aún restan medidas clave para completar la investigación.

“Estamos en presencia de un hecho grave, un homicidio, y de una investigación compleja”, advirtió el fiscal, quien sostuvo que el fallo “pone en riesgo el proceso”, especialmente por el posible temor de los testigos a declarar.

Según explicó, todavía quedan numerosas testimoniales, muchas de ellas de vecinos del barrio donde ocurrió el hecho, que conocen a los acusados. “Estando estas personas en libertad, tal vez estos testigos estén más reacios a venir a declarar. Ojalá que no”, dijo.

El funcionario también remarcó que existen elementos que vinculan a todos los sospechosos con el ataque. Recordó que fueron detenidos poco después del hecho y que varios testigos los ubican en la escena de los disparos.

Además, señaló que tres de los imputados -quienes actualmente cumplen prisión domiciliaria- presentaban restos compatibles con disparos de arma de fuego en sus manos o prendas. Sobre los demás, indicó que hay testimonios directos que los incriminan e incluso versiones que sugieren que pudieron haberse cambiado de ropa tras el ataque.

Un crimen que conmocionó

El asesinato de Emir ocurrió en octubre del año pasado, en medio de un violento enfrentamiento entre familias en el barrio Valle Grande, en Rawson. En ese contexto, el niño recibió un disparo en el tórax y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó sin vida.

El fallo que benefició a los imputados desató una fuerte reacción en el entorno de la víctima. El viernes por la tarde, familiares y vecinos protagonizaron una protesta en el barrio para exigir justicia.

En medio de un clima de alta tensión, denunciaron la intervención de la Policía y el uso de perdigones para dispersar la manifestación. “Los agarraron a tiro con perdigones”, aseguraron allegados del niño.