Después de que un hombre que dice ser ganadero denunciara a un diputado provincial y a un fiscal en Iglesia por impedirle el ingreso a una propiedad para ver a sus vacas, ahora la polémica se extendió por las supuestas consecuencias que sufrió por obra de la medida judicial. Es que desde la defensa de Mario César Vega aseguraron que, por orden del Ministerio Público, no podían entrar al terreno donde estaban los animales y, durante su ausencia, murieron unas 30 cabezas, lo que ocasionó pérdidas millonarias.
El abogado del hombre que está sospechado por abigeato y, por ende, fue imputado por el Ministerio Público, Leonardo Miranda, aseguró que las pérdidas que sufrió su cliente se aproximan a los 11 millones de pesos. Según la parte, el perjuicio económico se produjo porque el propietario del ganado estuvo impedido de entrar al terreno y ocuparse de su ganado.
Una vez que Vega recuperó la posesión del sitio que había sido peritado por las autoridades, desde su entorno difundieron imágenes que dan cuenta de las vacas muertas. En ese sentido, aseveraron que los animales se deshidrataron porque no fueron cuidados y, como resultado final, fallecieron.
Cabe recordar que el ganadero que se habría visto afectado por la medida que dispuso la fiscalía había quedado detenido por una acusación anterior y, por ello, se presentó frente al juez de Garantías y quedó imputado por abigeato, al igual que un supuesto cómplice que también permanecía tras las rejas, identificado como Ceferino Torres. Ambos están sospechados de ser cuatreros.
El conflicto que salpica al legislador Gustavo Deguer y siembra sospechas sobre el accionar del fiscal Gastón Salvio de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Jáchal, derivó en una denuncia penal en la UFI de Delitos Especiales en San Juan -radicada por el defensor de Vega, Leonardo Miranda- y en la intervención del fiscal Francisco Micheltorena, quien este lunes tomó las riendas del caso y sacó a relucir la versión oficial del Ministerio Público que complica a los detenidos con frondosos prontuarios delictivos.
Según indicaron fuentes judiciales, en una extensa audiencia de más de 3 horas y media, Micheltorena le endilgó la figura de abigeato agravado a Vega, mientras que con Torres fue más fuerte y lo imputó por abigeato agravado, tenencia de arma de guerra y amenazas coactivas. Pese a las sospechas de robo de ganado y de aplicar violentas maniobras para ello, lo mismo que la solicitud de prisión preventiva del fiscal por 80 días para los acusados, el juez Domingo Castro les decretó la libertad aunque ordenó la prohibición de presencia en el campo en disputa por un lapso de 20 días.
El problema se originó por la posesión de un campo llamado El Salado, ubicado en la localidad iglesiana de Angualasto. Primero fue Vega quien aseguró que el sitio le pertenece a Torres y su familia y que él es sólo el arrendatario de la propiedad, donde posee 130 cabezas de ganado. Aseveró que en las últimas semanas, cuando acudió al sitio, no pudo ingresar por orden el fiscal Salvio y advirtió que la policía le dijo que los únicos que podían hacerlo eran Deguer y su gente, que habían quedado como depositarios judiciales.
A pesar de haber mostrado el contrato de alquiler del campo, lo mismo que haber exhibido la certificación de los animales, Vega no obtuvo una respuesta favorable de parte del fiscal y ello impulsó su denuncia contra la autoridad.
Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a aparecer otras piezas del rompecabezas que dejaron contra las cuerdas al denunciante y su arrendador. Las fuentes señalaron que personal judicial accedió al campo y allí descubrió, mediante la participación de peritos especializados en veterinaria, que los animales parecerían haber sido robados.
Es que los mismos presentaban marcas de sangre (se usan para identificar a quien pertenecen) de reciente data, como si se hubieran intentado ocultar sus marcas originales. Todo ello hace sospechar que se trataría de ganado que había sido denunciado como robado no sólo por Deguer, sino por otros ganaderos de la zona. Esa tarea de revisión duró días y fue por esa razón que el perímetro habría sido delimitado, en razón de no entorpecer la investigación.
A partir de esos hallazgos, sumado a otros elementos de prueba, las autoridades sospechan que están frente al accionar de cuatreros que acarrean más de una denuncia. Se estima que de algún modo se apropiaban de los animales y, para evitar ser descubiertos, escondían los rastros con nuevas marcas. Lo que deberán explicar ahora los acusados es por qué una buena parte del ganado estaba recién marcado, incluso, algunas vacas aún sangraban cuando fueron revisadas.
Por su parte, la defensa de Vega planteó la duda sobre quién realmente hizo las marcas, puesto que su patrocinado no tenía posibilidad de entrar al lugar. A su criterio, Miranda dejó entrever que Deguer pudo haber alterado las marcas para comprometerlo. "Mi cliente explicó que posee dos marcas registradas y que su trabajo es la ganadería, si tienen pruebas de que ofrecía carne es porque a eso se dedica", agregó.
Más allá de las suposiciones que tendrán que se confirmadas por los investigadores, los acusados que entre los dos suman 14 causas penales quedaron en libertad, aunque tendrán que presentarse en comisaría cada 15 días. Por otro lado, la instrucción continuará con la participación de los peritos que designe cada parte.
