Expropiaciones: qué tendría que pasar para que pidan la destitución del juez Roberto Pagés

Tiempo de San Juan consultó con fuentes allegadas al caso y las mismas señalaron que existen diversos escenarios que se pueden presentar. En primer lugar, es clave entender que el pedido de Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, para que se investigue al camarista Roberto Pagés Lloveras, tiene fuerza de sentencia y ello supone que se debe cumplir sí o sí.

Ahora bien, la primera duda que surge es a partir de cuándo tiene ese ímpetu. Podría suceder que el fallo deba quedar firme para que ello opere y, por lo tanto, los tiempos se extenderían para que la Unidad de Causas Conclusivas actúe. Todo quedaría supeditado a la instancia de casación en la Corte de Justicia. Por otra parte, podría ocurrir -también- que de inmediato un juez de dicho fuero tome cartas en el asunto y ponga en conocimiento a las partes involucradas del proceso.

Con una incipiente causa en la Unidad Conclusiva, que se rige por el Código Viejo, el camino de Pagés conduciría a la destitución. La fuentes dijeron que ese sistema normativo obligaba que se ejecutara el jury para los funcionarios sospechados de delito y, bajo esa lógica, el juez de la Unidad debería enviar copias al Jurado de Enjuiciamiento para que inicie actuaciones.

No obstante, al ser notificada, la defensa de Pagés podría refugiarse en el principio de la Ley Penal Más Benigna y solicitar que la causa tramite en el Sistema Acusatorio que, a diferencia de sistema anterior, permite que los funcionarios públicos sean investigados sin tener que ser destituido de sus funciones. Así, se aseguraría de permanecer en la Cámara.

El mismo planteo de traslado al nuevo sistema lo hace la querella, encarnada por la Fiscalía de Estado, que sostiene que se trataría de una nueva causa que debería ser investigada por la UFI de Delitos Especiales. Si bien es un hecho viejo, la investigación sería nueva y la Unidad Conclusiva sólo trata expedientes ya iniciados, no tiene la potestad para iniciar nuevas instrucciones, sino de darles continuidad.

En esa instancia, se produciría un conflicto de normas y quien debería resolverlo sería la Corte de Justicia. Por un lado, tendría que definir si tiene mayor peso la palabra del tribunal, que expresamente solicitó la intervención de la Unidad Conclusiva, o el planteo de las partes (defensa y querella) y sus intenciones de llevar todo al campo del Sistema Acusatorio.

Pagés es el tercer juez en la mira en la megacausa. Carlos Macchi, quien estaba a cargo del Quinto Juzgado Civil, fue destituido en un juicio político por el Jurado de Enjuiciamiento, dada su participación en la defraudación a la Administración Pública. Finalmente, fue condenado a 6 años y 2 meses de prisión efectiva. Por su parte, quien estuviera al frente del Primer Juzgado Civil, que se jubiló en 2013, Rosalba Marún de Sobelvio, fue procesada por integrar la banda de guantes blancos, pero no llegó a ser condenada porque falleció en 2021.

En el dictamen de 4.813 páginas, el tribunal puso la lupa sobre el magistrado que fue titular del Cuarto Juzgado Civil. A grandes rasgos, las sospechas recaen sobre él porque, en el juicio, se comprobó la defraudación por parte de Graffigna y los suyos en expedientes que pasaron por las manos de Pagés Lloveras. Es por eso que resultó confusa su intervención y, por ello, lo mandaron a investigar.

Por otro lado, el abogado de Alday, Raúl Alonso, también podría ser investigado por pedido del tribunal colegiado. Como ya lo había anticipado este diario, el abogado y apoderado de Alday fue apuntado como presunto partícipe de los delitos juzgados y probados en el debate, cuya resolución se conoció el 4 de julio pasado. El mismo supo llevar adelante trámites en nombre de Alday y quedó salpicado por la causa "Ruiz Guillermo".

Quien fuera concejal de Rivadavia recibió de Graffigna un 25% de las liquidaciones a cobrar por la expropiación del terreno situado en Matías Zavalla y San José, en Capital. El caso fue conocido por tratarse de la vereda más cara de la historia de la Provincia. Durante la investigación, Alonso fue señalado como el nexo entre Alday y Graffigna a pesar de que el primero aseguraba que no mantenía vínculos con el segundo.

Este lunes por la mañana, en sala 9 de Tribunales, las partes se hicieron presentes y obtuvieron las copias del vigoroso fallo, el cual será analizado por los abogados defensores y será la base de sus apelaciones, en lo que se viene. Ahora bien, se abrirán dos caminos judiciales: por un lado, el de la causa madre que será impugnada y que será objeto de diversos recursos, y por otro, la nueva causa que se originará en la Unidad Conclusiva en consecuencia.

Con la misma suerte correría Marcelo Parra, el contador vinculado a Alday, que sería investigado como los mencionados, a pedido de las autoridades. Del mismo modo, el tribunal ordenó que la situación procesal de los Carlos Infante y Gustavo Mulet sea resuelta.